Argentina Digital ya es ley, y suma críticas

El Frente para la Victoria consiguió 131 votos afirmativos y 97 negativos ¿Cuáles son las críticas qué le hace el Partido de la Red?

Luego de horas de debate en la Cámara de Diputados, el martes bien tarde fue aprobada Argentina Digital, la ley que regulará las telecomunicaciones en el país, y que tiene como principal objetivo impulsar la convergencia de servicios y el avance de las TICs.

El Frente para la Victoria consiguió 131 votos afirmativos y 97 negativos. Según la Secretaría de Comunicaciones se trata de un avance fundamental ya que viene a reemplazar una normativa obsoleta que data de 1972 (la ley 19.798).

Argentina Digital crea una Autoridad de Aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), compuesta por siete miembros, y que será la encargada de controlar y regular todo lo relativo a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Autoridad, privacidad, definiciones e inversiones

A través de su Facebook el Partido de la Red dejó en claro su postura el pasado martes, cuando aún el proyecto no era ley: "estamos en contra del proyecto de ley Argentina Digital como está en este momento". El partido resumió sus motivos:

  • Se establece una autoridad de aplicación elegida por el poder Ejecutivo que se reserva la última palabra en cuestiones críticas, pero no se dice cómo estará compuesta, ni cuáles serán sus limitaciones. Creemos que esta autoridad *tiene* que ser independiente del Poder Ejecutivo, profesional y colegiada, con criterios claros sobre temas como licencias, interconexión, sanciones, etc., y que no dependa de los tiempos e intereses políticos de turno.
  • Privacidad: los poderes extraordinarios de esta autoridad de aplicación de la que nada sabemos ponen en riesgo la privacidad y los derechos fundamentales de los usuarios sin dar suficientes garantías sobre cómo serán tratados los datos.
  • El texto es contradictorio y confuso. Carece de definiciones y abunda lo impredecible.
  • Una ley que impacta sobre las comunicaciones debe fomentar la inversión y la competencia efectiva, dentro de un marco regulatorio justo. Este proyecto hace justamente lo contrario, pues las reglas de juego no son claras y encima quien tiene la última palabra es un órgano de autoridad totalmente discrecional y dependiente del gobierno de turno.