La otra cara de la videovigilancia

En el marco de la búsqueda de soluciones a la ola creciente de hechos delictivos, varios distritos del país se inclinaron -o están en vías de hacerlo- por la apertura de centros de videovigilancia. Sin embargo, no es la única opción. En Santa Rosa, por ejemplo, trabajan en la diagramación de un plan integral de seguridad, en el que las cámaras de video IP sean sólo un recurso más, dentro de otras acciones de matriz más social.

1. Di Liscia 2. Centro de Monitoreo porteño

A contramano del Gobierno de La Pampa, que pretende que en la capital de la provincia funcione un centro de control similar al de Capital Federal, Berazategui o Ezeiza, las autoridades municipales presentaron un proyecto para que esa decisión dependa del Consejo Deliberante.

El autor de la propuesta, el viceintendente Guillermo Di Liscia, sostuvo a Canal AR que el ministerio de Gobierno provincial había iniciado las gestiones para dotar a algunos puntos de la ciudad de un sistema de videovigilancia, cuando vieron la necesidad de regular esa herramienta, y evaluar si realmente era el camino adecuado.

En su lugar, presentó una ordenanza que establece el marco legal para establecer un Consejo Urbano, presidido por el Intendente, generar un manual de seguridad barrial, y un registro de las empresas dedicadas a la instalación de alarmas, dado que se registraron algunos robos que hacen suponer la intervención de algún miembro de dichas compañías.

El funcionario socialista afirmó que se trata de “un proyecto más integral”, en el que la videovigilancia es considerada como una opción para luchar contra el delito, y no la única solución. Y pese a reconocer que las cámaras puede ser útiles, sobre todo en zonas bancarias donde se mueven caudales importantes de dinero, se mostró preocupado de que se utilicen como una señal pública de que se está “haciendo algo” en materia de seguridad.

A su entender, hay otra serie de cuestiones sobre las que se deben trabajar. Reclamó hacer hincapié en la coordinación entre las distintas jurisdicciones y la optimización de los recursos, además de “mejorar la infraestructura social de ciertos barrios, que no tienen clubes, escuelas o comisarías”.

“Todo lo que debería tener un pueblo de 3.000 o 4.000 habitantes, hoy no lo tiene. Después, lo problemas de convivencia traen problemas de seguridad, y la exposición de la juventud a otra clase de hechos, al limite de la Ley. La comunidad debe decidir si los recursos se utilizan para observar el movimiento financiero en el medio de la ciudad, o se enmarcan en una estrategia mas amplia”, agregó.

- ¿Por qué cree que esta clase de sistemas se está extendiendo en distintas partes del país?

- No voy a juzgar si es o no un sistema útil en tal o cual lugar. Lo que me animo a decir es que una sociedad madura debe discutir su seguridad, y no es el caso de lo que estaba pasando acá. Se deben utilizar los recursos técnicos de forma racional, teniendo en cuenta que cuando gasta en una cosa, se deja de hacerlo en otra. En parte, la masificación de la videovigilancia responde a una necesidad mediática de mostrar que se inauguró algo, cuando su impacto real es modesto o nulo. Quisiera ver un estudio serio sobre este tema.