Este miércoles podría marcar un antes y un después para la industria IT

Las próximas 48 horas serán clave para la industria IT. Las cámaras que nuclean a fabricantes, integradores y ensambladores son conscientes de que corren contrarreloj, y que les resta poco margen para reunirse con los diputados nacionales y explicarles cómo podría verse perjudicado el sector, en caso de que el miércoles den media sanción al proyecto de Ley (0007-PE-2009) que establece una considerable recarga fiscal para una extensa lista de equipos electrónicos, como laptops, celulares, monitores y cámaras digitales.

Gran parte del futuro de la industria IT se decidirá en el Congreso

La iniciativa, que surgió del Poder Ejecutivo y cuenta con la firma de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y los ministros de Economía y Producción, Carlos Fernández y Débora Giorgi, respectivamente, incluiría a los artículos nombrados y otros como bienes suntuarios, por lo que pasarán a pagar entre un 20% y 25% más de impuestos internos, sumado a que tributarían el 21% del IVA –abonaban el 10,5%-.

A través de esta jugada y la sanción del decreto Ley 252/2009, que establece una rebaja impositiva para esta clase de equipos en Tierra del Fuego, el oficialismo busca reorientar la producción a la provincia más austral de la región.

Si bien la medida todavía no fue aprobada, condujo a un enfrentamiento entre los jugadores del continente y los de la isla. El primer grupo se mostró muy crítico con el proyecto de Ley, argumentando que llevará a un aumento generalizado de precios, que se trata de una propuesta regresiva y que impactará negativamente en la industria IT.

Por ejemplo, la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA) afirmó que a diferencia de otros países, que están respondiendo a la crisis con paquetes de estímulo a los sectores tecnológicos, acá se propone algo que “se contrapone con esa tendencia mundial y puede acrecentar los efectos de la crisis en todos los sectores económicos del país”.

En el otro extremo se encuentra la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), que el fin de semana publicó en varios diarios una solicitada titulada La Argentina no termina en la General Paz, como muestra de respaldo al proyecto del Poder Ejecutivo.

El texto expresó que la iniciativa oficialista “permitirá a Argentina autoabastecerse y reducir la brecha tecnológica”, ya que las empresas radicadas en la provincia “generarán inversiones superiores a los 40 millones de dólares”. De esta forma, “en un futuro cercano se crearán no menos de 2.000 nuevos puestos de trabajo directos”, que se sumarán a los 3 mil actuales, y más de 12 mil indirectos. “En consecuencia, se reemplaza el trabajo importado”, aseguró.

Los ánimos no son los mejores

Sin medias tintas Carlos Scimone, gerente de la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (CAMOCA), afirmó a Canal AR no poder creer la cantidad de mentiras que están circulando: “Se está planteando el tema como si se tratara sólo de productos importados. Sólo el 30% proviene de afuera. El resto es producido por la industria nacional”.

Asimismo, evaluó que la situación es sumamente delicada, ya que se enfrentan al poder económico de las firmas de Tierra del Fuego: “Avanzaron con mucha plata de por medio. Como la industria nacional operó en los últimos años con una muy fuerte competencia de los productos importados, obtuvo márgenes mínimos. No contamos con los recursos de estas 4 o 5 empresas”.

Subiendo de tono, consideró que “se quieren llevar 8 mil millones de pesos del continente, y les importa un bledo que 20 mil familias se queden sin trabajo”. Aunque se negó a bajar los brazos y admitió que siguen tratando de contactarse con los diputados para hacerles llegar sus reclamos, aclaró que no es tarea sencilla. “Ni si quiera nos atienden”, dijo. Por último, el ejecutivo reconoció que el kirchnerismo eligió el “momento preciso” para presentar el proyecto, aprovechando que “los grandes medios están enfocados en la campaña electoral”.

¿Queda margen para negociar?

Esta historia se remonta a principios de abril, cuando Cristina Fernández, luego de reunirse en la Quinta de Olivos con la ministra de Producción, Débora Giorgi, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el presidente de AFARTE, Alejandro Mayoral, firmó el decreto el 252/2009 de reducción de impuestos para Tierra del Fuego y prometió enviar al Congreso el polémico proyecto de Ley.

Una fuente del ministerio de Producción afirmó a Canal AR que la intención de la cartera encabezada por Giorgi era otorgar a esa provincia una serie de privilegios y facilidades que le permitieran hacerle frente a la zona de Manaos, Brasil, pero aclaró que la decisión de incluir a notebooks y celulares como bienes suntuarios partió del Ministerio de Economía.

Por otro lado, el funcionario que pidió que se reserve su identidad reconoció que eran conscientes de que el proyecto de Ley causó mucho malestar en la industria, pero señaló que todavía se está discutiendo su contenido. “Hay que ver cómo termina en el Congreso”. Otra línea en la que trabaja Producción es en flexibilizar los decretos que regulan el régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, para que nuevas empresas puedan instalarse allá y gozar de los beneficios y facilidades.

¿Dan marcha atrás?

El sitio Web Parlamentario.com publicó hoy que el controversial proyecto no será tratado este miércoles porque el Frente para la Victoria no tiene el apoyo necesario de los diputados tanto opositores como oficialistas, a excepción de los representantes fueguinos. Consultado por este medio, una fuente muy cercana al bloque kirchnerista manifestó que “recién después de las 6 o 7 de la tarde” habrá una definición precisa al respecto.