AFARTE confía en que el Senado votará a favor del impuestazo tecnológico

Desde hace tres semanas, gran parte de la industria del hardware tiene sus ojos puestos en el Congreso, en donde se está debatiendo un proyecto que –en caso de ser sancionado- impondrá una fuerte recarga fiscal a una serie de equipos, como teléfonos celulares, monitores LCD y cámaras digitales, que serán incluidos en una lista de bienes suntuarios. La iniciativa, más conocida como el impuestazo tecnológico, fue impulsada por el Poder Ejecutivo, bajo el argumento de que alentará la sustitución de importaciones en Tierra del Fuego y generará más fuentes de trabajo.

Alejandro Mayoral

Pese a las objeciones de varias cámaras del sector, la norma obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, la semana pasada consiguió la aprobación de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Senadores, y este jueves sería tratada en la Cámara Alta. Alejandro Mayoral, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), afirmó a Canal AR que en la reunión de la comisión de PyH se desarrolló bajo un profundo espíritu democrático. “Todo el mundo pudo dar su opinión y lograr un consenso”.

AFARTE se mostró a favor del proyecto desde sus inicios, sosteniendo que se trataba de una propuesta que permitiría desarrollar al sector tecnológico nacional, y que había sido elaborada a imagen y semejanza del plan industrial de Brasil en Manaos. Según Mayoral, la Ley “no perjudica a ningún sector en particular. No afecta a la comercialización, la distribución de productos, o al consumidor, y genera superávit fiscal e industrialización. Por lo tanto, no entendemos la oposición que tuvo”.

- ¿Por que cree que varias cámaras empresarias se mostraron en desacuerdo con el proyecto?

- Las que se mostraron en desacuerdo fueron las cámaras importadoras, que defienden un interés legítimo que es seguir importando. Nosotros, en cambio, defendemos el interés legítimo de sustituir la importación por trabajo nacional.

- ¿Cómo va a cambiar el ecosistema productivo si se sanciona esta Ley?

-Tanto la práctica como la teoría del desarrollo industrial demuestra dos cosas. Primero, que cuando se desarrolla un sector y hay competencia se producen aglomeraciones o clusters, o sea, un lugar donde las empresas pueden generar sinergias entre sí. La cercanía de los productores entre sí genera más beneficios que perjuicios, y eso ocurre en Tierra del Fuego. En segundo lugar, la tecnología se desarrolla al aplicar el conocimiento durante la fabricación de equipos. La importación pone a disposición productos baratos, mientras que al producir se ponen en práctica los aprendizajes industriales.

- ¿De qué forma la Ley incentivará el desarrollo de productos en el país, en lugar de simplemente replicar el modelo de ensamble que existe hoy en día en el continente?

- Lo que hay en Tierra del Fuego es producción. Si tomamos por ensamble que hay partes fabricadas por algunos pocos productores en el mundo, no es una buena definición correcta de ensamble. En ese caso, no queda más remedio que comprarles a ellos. Para los otros casos, en Tierra del Fuego se llevará a cabo un proceso industrial.

- Varios empresarios se quejaron de que la propuesta busca proteger a 2.000 personas de Tierra del Fuego, en desmedro de las 18.000 que trabajan en el continente.

- Eso es falso por dos razones. En primer lugar, al eliminarse de la Ley la computación, nadie puede alegar que se estén destruyendo fuentes de trabajo relacionadas con la cibernética. Además, no es cierto que sean 18.000 personas porque se está sumando la logística, distribución y comercialización, que no tiene por que sufrir ninguna variación. Por otro lado, no hay ninguna producción de electrónica de consumo en el resto del país que no sea en Tierra del Fuego. Por lo tanto, mal se pueden destruir empleos que no existen.

¿Qué plantea el proyecto 07-PE-09?

De ser aprobada, la norma modificaría la nómina de bienes suntuarios gravados por Impuestos Internos, pasando a incluir teléfonos celulares, monitores, cámaras digitales y filmadoras, entre otros. Ya sean importados o fabricados en el país, tendrán que pagar entre un 20% y 25% más de impuestos internos, y un 21% de IVA –al ser bienes informáticos y de telecomunicaciones, pagaban sólo un 10,5%-.

Con la intención de reorientar la producción de esos equipos a Tierra del Fuego, la Presidenta sancionó el 7 de abril el decreto 252/2009, que establece una rebaja fiscal para los equipos eléctricos y electrónicos “producidos o que se pudieran producir” en la provincia austral, al amparo del régimen de la Ley 19.640. Los dispositivos elaborados pagaban 17%, y ahora pasarán a abonar un 6%.