La circulación de contenidos ofensivos en Internet es un tema sobre el cual no hay ninguna regulación específica en Argentina, debido a que la Web presenta algunas dificultades para el Derecho. Como una forma de poder deslindar responsabilidades y proteger a las víctimas, el diputado nacional por el PRO Federico Pinedo está preparando un proyecto de ley que aporte algo de claridad sobre la materia.

El legislador propone un marco regulatorio compuesto por diez puntos que busca establecer un mecanismo ágil que facilite a personas físicas y jurídicas la eliminación de contenidos que atenten contra individuos. En una charla en su despacho que se hizo el martes con bloggers, especialistas y trabajadores de empresas de Internet, explicó que se trata de una propuesta destinada a resguardar los derechos y la propia existencia de los proveedores de servicios frente a posibles juicios por los contenidos.

Y sostuvo que hay cosas que están en la Red porque alguien las subió, y si afecta un derecho personal, las compañías que brindan acceso, como motores de búsqueda, hositng, entre otras, no tiene porque hacerse responsables.

El diputado resaltó que su objetivo apunta a responsabilizar a los proveedores por los contenidos en aquellos casos en los cuales desobedezcan una orden de un juez que les indique que tomen alguna medida. “No se los puede hacer cargo por materiales que no son propios, como establece el artículo 2, salvo que estés en conocimiento efectivo de que se violan normas legales o derecho de tercero”, dijo.

Antecedente internacional En febrero en Congreso de España aprobó la Ley Sinde que se centran en la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Pinedo hizo hincapié en el hecho de que el objetivo es legislar para proteger a toda la cadena de prestadores de Internet. En cuanto a la territorialización, destacó que es un problema enorme y central, que presenta muchas dificultades en su resolución. También señaló que no está de acuerdo en que el Estado tenga la posibilidad de bloquear contenidos, sino que lo tiene que hacer la Justicia.

“Este texto les da un camino rápido de defensa a las afectados por los contenidos. Si hay un derecho que se viola, el juez puede ir por una medida cautelar, para que no haya discusión procesal sobre el tema”, explicó. Y agregó que no se trata de una ley para bloquear, sino para proteger a los prestadores de servicios de demandas por materiales de terceros, y a los afectados les da una vía ágil de protección.

Ayuda legal. Pinedo aceptó dos propuestas vertidas por especialistas. En primer término se agregará la figura de amicus curiae (amigos del juez) para que haya algún mecanismo de asistencia técnica a los magistrados, ayudándolos en el proceso para que resuelvan los casos. Y por otro lado, enviará la ley también a la comisión de libertad de expresión.