“Red Hat adhiere a la idea de crear el concepto de software público”

Con el impulso del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el software libre pasó a ocupar un lugar destacado en la política tecnológica puertas adentro del Estado argentino. Si bien lo trató en varias oportunidades como un sinónimo de código abierto, es un tecnicismo que quedó en un segundo plano ante la postura del funcionario sobre los productos enlatados: "no tenemos que pagarle ni un mango a ningún vivo". Las palabras del verborrágico político de Quilmes se volvieron realidad hace poco más de un mes, cuando firmó un convenio con la empresa Red Hat para fomentar el uso de plataformas open source en la administración pública.

Biagini considera que “el Linux para desktop tiene un problema de marketing”

Mediante este acuerdo, varios organismos que cuentan con programas de la compañía del sombrero rojo, como el caso de la Afip, el Ministerio de Economía, Pami y ANSeS, contarán con asistencia técnica y de certificación de sus operaciones. "Nuestro negocio es vender servicios y soporte", afirmó Sebastián Biagini, gerente de Ventas de Red Hat. Desde las oficinas que la firma posee en el tercer piso de un edificio en Puerto Madero, explicó a Canal AR que la secretaría de la Gestión Pública, a través de la Onti, decidió que era el momento de unificar criterios y condiciones para que la compañía los tratara con una política única de precios.

"El acuerdo viene a cubrir esa necesidad y consolidarlo bajo un paraguas que se aplique a todos los entes públicos. En sí, no genera una compra por parte del Estado, sino un marco para las contrataciones que vayan necesitando. Tampoco impone que deban usar determinadas tecnologías", agregó. Además, se establecieron condiciones especiales para la capacitación de los empleados de la administración nacional.

De buen semblante y predisposición para hablar del tema, Biagini elige la primera sala de conferencias que encuentra desocupada para realizar la entrevista, y comenta que el convenio facilitará enormemente todas las cuestiones administrativas de contratación del Gobierno, que como generalmente no hay preacuerdos, los ciclos suelen extenderse por más de 12 meses. Asimismo, destaca que es una clara señal de aceptación hacia esta clase de recursos informáticos.

- ¿Por qué cree que el Estado decidió dar este paso?

- Entendió que compartir los desarrollos dentro del Estado es una política que no tiene que ver solo con ahorro de costo, sino con brindar a aquellos organismos que a veces no tienen capacidad de inversión de infraestructura y software, la posibilidad de que puedan llegar al ciudadano con mejores servicios. Esos son los modelos asociados a software libre o cloud computing.

- En base a la experiencia que tienen trabajando con distintos organismos, ¿cómo los beneficia el contar con programas de código abierto?

-Básicamente, las decisiones que tomaron los organismos de sumar tecnologías open source, que se está replicando en el ámbito privado, se basan en que tienen un costo menor y su eficiencia está probada. Sin embargo, lo más importante es que se independizan del roadmap del fabricante de software. Esto se está dando mucho en las Telcos, donde proveedores de nicho van a estas plataformas porque no dependen de una nueva versión que les cambie la arquitectura de base.

-¿Qué lugar ocuparán las empresas de software a partir de este nuevo contexto?

-En Argentina hay muchas empresas con sus propias software factories. Tienen el rol de acompañar al Estado, que es un gran generador de proyectos y necesita muchas horas hombre para desarrollar esas iniciativas. Las firmas de soluciones de nicho tienen un espacio importante en el ámbito público a la hora de trabajar en programas de tecnología informática.

- ¿Cómo cree que reaccionarán las compañías de programas propietarios?

-Las empresas de software propietario tienen que entender que deben adoptar, aunque a veces vaya en contra de su propio negocio, estándares abiertos que la industria pueda adoptar. Estamos en un momento de transición, donde muchas empresas se están volcando al mundo abierto.

- Aníbal Fernández asoció el término de software libre con código abierto, cuando hay diferencias entre ambos conceptos. ¿Cuál piensa que es la visión que tiene el Gobierno nacional?

-Creo que la visión que tiene el Estado, y a la que Red Hat adhiere desde un punto de vista pragmático, es crear el concepto de software público. Esto quiere decir que los programas que desarrollen van a ser para el Estado, se van a poder modificar y nutrir desde los distintos organismos públicos. Hay que evitar los fundamentalismos en las definiciones.

- ¿Cómo se entiende que confluyan dentro del mismo Gobierno acuerdos que benefician tanto a empresas como Red Hat y Microsoft?

-Lo entiendo porque es un hecho real. Hay un montón de computadoras y servidores con Windows. No hacerlo sería caer en un fundamentalismo. Recuerdo que hubo algunas provincias que trataron de hacer leyes para obligar el uso de software libre, y fracasaron. Nosotros estamos a favor de la libre elección, no de imponer algo. No veo un conflicto que tengan un acuerdo con Microsoft y nosotros. Al contrario, es bastante coherente.

Deuda pendiente

La compañía todavía no participó en el programa Conectar Igualdad, que prevé entregar tres millones de netbooks a docentes y estudiantes de colegios secundarios de todo el país, pero tienen pensado involucrarse en el mismo durante los próximos años. Ante la posibilidad de que se incorpore Linux Ubuntu a los equipos, Biagini remarcó que el SO es un tema secundario.

"Estas iniciativas son de alto impacto en la sociedad, y apuntan a disminuir la brecha digital. Lo del sistema operativo para mí, que estoy en tecnología, es anecdótico. Hay que poner foco en el desarrollo de contenidos y en su sustentabilidad. De nada sirve entregar una netbook, si después no va a estar conectado a Internet y no se van a generar contenidos", concluyó.

Más información: www.redhat.com.