Telefónica presiona por la aprobación de la nueva ley de telecomunicaciones

El presidente de Telefónica Internacional, José María Álvarez-Pallete declaró ayer que levantará la demanda que tiene contra el Gobierno argentino por u$s2.800 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de solución de controversias del Banco Mundial, siempre y cuando se apruebe la nueva ley de telecomunicaciones. Este anuncio es el primero que realiza el grupo español luego de la gira del presidente argentino Néstor Kirchner por España.

El presidente de Telefónica Internacional, advirtió que si bien la empresa suspendió su demanda en febrero, aún sigue pendiente; y no la levantará definitivamente hasta no ver sancionada una nueva ley que fomente las inversiones en el sector. El ejecutivo también aclaró que la empresa no prevé subir sus tarifas este año y que espera un fuerte crecimiento en la región. "Las conversaciones con el Gobierno están avanzando y esperamos cerrar un acuerdo antes de fin de año", afirmó, aunque no liberó detalles del estado de las tratativas. Para la protección de las inversiones "es necesario un entorno económico y regulatorio adecuado en el que se respeten las reglas del juego y los acuerdos suscritos en las licencias de concesión", dijo.

Estos conceptos fueron formulados por Álvarez-Pallete ayer en la quinta edición del seminario “Caminos del Bicentenario de la Independencia: riesgos y oportunidades del nuevo ciclo presidencial del continente”, que se realizó en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la ciudad española de Santander.

"Nosotros hemos cumplido con Argentina”, dijo. “Por el momento, hemos desistido de la demanda en el CIADI y desde la audiencia pública contamos con 210 días para conversar", comentó. La audiencia a la que alude el ejecutivo es la que se llevó a cabo el 28 de abril pasado en Mar del Plata, en la cual se debatió el Acta de Entendimiento que se había firmado en febrero, cuando el canciller español Miguel Angel Moratinos, visitó el país. En aquel entonces, el Estado se comprometió a elevar un proyecto de ley al Congreso para regular la actividad el sector y aceptó unificar bandas horarias y triplicar el valor de las llamadas internacionales entrantes, como forma de generar una compensación a las inversiones realizadas por la compañía.

Para demostrar que confía en el país, Pallete apeló a la memoria emotiva y señaló que Telefónica fue una de las primeras compañías que anunció un plan de inversiones luego de la crisis que atravesó la Argentina a partir del 2001. "Si a la economía de la región le va bien, a la empresa le irá bien" y fue optimista respecto de las inversiones de la compañía en América Latina que, según comentó, superarán los u$s 10.000 millones entre 2006 y 2009. Dentro de las proyecciones se contemplan una duplicación de los accesos de banda ancha al 2009 y que la penetración de la telefonía móvil en el mercado pase del 40% al 70% en el mismo lapso. Y aclaró que para aprovechar esas oportunidades se deberá "seguir avanzando en la cohesión social de la región, mantener la estabilidad y fortalecer las instituciones y el marco regulatorio".

Argentina frente al CIADI

Telefónica tenía la mayor denuncia contra la Argentina ante el tribunal arbitral. La demanda del grupo español fue presentada hace cuatro años con motivo de la pesificación de los contratos de concesión y el congelamiento de tarifas que se produjo a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Económica N° 25.561. A partir de la renegociación de los contratos de concesión de los servicios públicos, las causas contra la Argentina tienden a reducirse. Todavía quedan treinta y seis demandas registradas, aunque tres de las mismas están en proceso de desistimiento, como la de Telefónica. La de Siemens avanza hacia la audiencia de fondo, las de Azurix y LG&E están por ir a sentencia, pero el Gobierno espera que en los próximos meses se concrete el desistimiento formal de las de Gas Natural Ban, Edenor y Edesur.

Por otro lado, hay tres casos que están suspendidos por decisión de las partes o del propio tribunal, Enron, AES y Unysis, y así los juicios contra la Argentina en el CIADI bajarían a treinta.