Ley de Medios: la televisión por cable rechazó el ingreso de las telefónicas

Los grandes grupos mediáticos no fueron los únicos que reaccionaron cuando la presidenta Cristina Fernández anunció el jueves pasado que envió al Congreso al proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, que de ser aprobado reemplazará a la actual Ley de Radiodifusión, sancionada durante la última dictadura cívica militar. Desde la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) expresaron un fuerte rechazo al ingreso de las empresas de telefonía.

A través de un comunicado, la organización afirmó que siempre estuvo dispuesta a debatir una nueva norma, lo cual quedó reflejado en su compromiso durante 40 años a invertir y multiplicar las voces en todo el país. Sobre este último punto, destacó que en 2005 se consensuó la modificación del artículo 45, que permitió el acceso a licencias a organizaciones sin fines de lucro. “El debate fue en el seno de la sociedad civil, con arbitrio del Congreso, pero por iniciativa de los actores de la comunicación y las comunidades”.

Al analizar el proyecto de Ley que el oficialismo envió al Congreso, calificó de “extraño o paradójico el repentino descubrimiento” de que las telefónicas son capaces de ampliar la pluralidad de voces en los medios. Subiendo de tono, sostuvo que “todos y cada uno de los argentinos somos rehenes de las dos empresas que tienen una concesión monopólica desde la década del noventa”.

En la misma línea, aseguró que “cada argentino aportó para que se enriquecieran estas compañías, que pagaron por ENTEL un valor muy bajo con la condición de no dar radiodifusión por noventa y nueve años. Y hoy, con casi veinte años de monopolio garantizado por el Estado, se pretende elegir a estos actores como portadores del pluralismo y la democracia”.

ATVC reconoció que el Gobierno tiene “derecho y legitimidad” para presentar un Proyecto de Ley, pero pidió que se discuta “uno por uno todos los absurdos que contiene, como el germen de la entrega de una Red de Televisión por Cable plural, de más de 700 empresas, para que sea desmantelada por dos empresas extranjeras o por un sinnúmero de cooperativas de servicios públicos que prestan múltiples servicios con exclusividad en las localidades del interior”.

Por último, evaluó como “inapropiado, y hasta extorsivo, empujar una aprobación a todo o nada en el contexto de la relación actual que muestra el Gobierno hacia los medios de comunicación”.

Más información: www.atvc.org.ar.