El Gobierno opina sobre Microsoft y el Software Libre

Por Sebastián Premici
El 80 por ciento de las páginas web del Gobierno argentino corren sobre software libre y el 60 por ciento de los servidores del Estado también utilizan Open Source. La disputa entre sistemas operativos libres y propietarios también posee su espacio en Argentina, donde empresas como Microsoft y otras relacionadas con el mundo IT subestiman las estrategias del Estado para potenciar una posibilidad de elección. Canal AR entrevistó a Eduardo Thill, director general de gestión informática del Ministerio del Interior, quien indicó que hasta que el Estado no tenga un marco regulativo para generar información, incluyendo la elección de software libre o propietario, Argentina no logrará entrar en el Gobierno Digital

Microsoft cambió de estrategia y ahora busca el diálogo en vez del enfrentamiento para convencer a aquellos que desestiman el uso de su Sistema Operativo. Esto ocurrirá la semana próxima en el Foro Económico de Davos cuando Bill Gates se encuentre con Inacio Lula Da Silva, presidente de Brasil (ver aquí). En Argentina, distintos funcionarios también están impulsando un Ámbito del Software Libre (ASLE) pero más lejos de concretizar una política estratégica e integral entre las distintas dependencias del Gobierno. Sin embargo, la Dirección General de Gestión Informática del Ministerio del Interior está trabajando para que dentro del Estado se pueda elegir entre los productos de Microsoft y los relacionados con el código abierto.

El año pasado, cuando el Ámbito del Software Libre (ASLE) comenzaba a funcionar, el Poder Ejecutivo decidió decretar a este emprendimiento como de Interés Nacional. Inmediatamente, esta actitud del Gobierno produjo la reacción de la Cámara de Software y Servicios Informáticos (CESSI), reclamando la derogación de tal decreto ya que consideraba que atentaba contra los puestos de trabajo de la industria. "¿Cuál es el razonamiento? ¿Por qué afectará al trabajo si es una industria creciente?", se preguntaban en la Dirección General de Gestión Informática del Ministerio del Interior. Por supuesto, luego de varias idas y vueltas, el decreto se mantuvo. Hay distintos intereses en juego, comerciales y de política estratégica que apunta a cambios socio - culturales del país, que tranquilamente podrían convivir.

-¿Hay una decisión fuerte de volcarse hacia el software libre en el Estado Nacional?-, le preguntó Canal AR a Eduardo Thill, Director General de Gestión Informática del Ministerio del Interior.

"Desde hace dos años venimos trabajando de una manera organizada y fuerte en todo lo que es Software Libre, con el objetivo de desmitificar cuestiones relacionadas con aspectos económicos. Aquí se produce una paradoja porque si bien se habla mucho de los beneficios mercantiles del open source, también es cierto que en muchas dependencias se utilizan softwares propietarios de manera ilegal. Por lo tanto, la comparación económica no es muy sustantiva. Si hay que normalizar todas las situaciones y pagar por el software, deberíamos poder optar por no pagarlo, teniendo en cuenta que existen paliativos de software abierto que podrían ser más económicos, con el agregado de mayor seguridad, adaptabilidad y mejores condiciones para fortalecer las estructuras técnicas del Estado sin estar atados a una empresa ni un producto comercial".

Datos sí, información no

En las distintas dependencias del Estado, cada cual elige qué sistema operativo utilizar. Algunos instalan Windows copiados, otros Linux pero sin pautas claras de por qué elegir tal o cual SO. Los set ups (estándares) tecnológicos de la Administración Pública no definen situaciones como éstas, entonces cada uno puede manejarse dentro de un abanico con límites difusos. Ahora, bien, si el Ministerio del Interior llegase a necesitar información del CGP nº2, cada uno trabajando en plataformas distintas, estarían frente a un problema. Pero esto supone algo mucho más grave que tiene que ver con el tratamiento de la información. "En el Estado todo el mundo maneja datos pero información, nadie", afirma Thill. El manejo indiscriminado de datos genera información no certera. Esto pasa por la no determinación –hasta el momento- de estándares, homologación y políticas de uso de la información. Sin contar con estos tres elementos, no podrá hablarse de gobierno electrónico ni transversabilidad entre las distintas organizaciones. "No podemos hablar de un Gobierno que genere información sin un marco que la soporte", sentenció.

-Vos hablas de marco y cuando las empresas escuchan esta palabra sienten temor de lo que pueda llegar a pasar…-

"Yo no creo que sea estrictamente necesario contar con una ley; el marco puede ser algo interno, un marco organizacional dentro del Poder Ejecutivo. Una ley implicaría consecuencias para toda la sociedad, a no ser que sea muy específica".

-¿Y Microsoft qué dice?-

"Microsoft nos ve como el chico que juega en el potrero de la esquina. Poseen un posicionamiento en el mercado y una penetración social en el uso de sus propias herramientas, que en realidad no ven gran cosa. Sí se ponen muy nerviosos cuando desde el Estado se impulsa un marco para avanzar en el tema. Ahí sí es cuando salen a realizar convenios con Universidades, ofrecen productos gratis para las escuelas, que no deja de ser otra política de penetración para mantenerse en el tiempo".

-¿Están es busca de un decreto para enmarcar el funcionamiento administrativo del Estado?-

"Hubo un proyecto de decreto el año pasado donde no se obligaba al Estado sino que se planteaba la posibilidad de optar por el software libre. La idea de realizar un marco regulatorio es que pueda acompañar los usos y costumbres de los usuarios y no que imponga una idea".