Los cableros insisten en que la Ley de Medios perjudica al sector

Desde que el Congreso de la Nación aprobó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en octubre de 2009, las reuniones de la industria del cable estuvieron enfocadas casi exclusivamente en destacar las desventajas y deficiencias de la norma. Y el último Encuentro Internacional de Banda Ancha y Cable Módem, que comenzó ayer, no fue la excepción.

En la jornada inaugural, el subdirector general de Medios Audiovisuales del Gobierno español, Fernando Castillo Badal, afirmó que en Argentina la televisión abierta pasa de ser un servicio de acceso universal a uno de interés económico. A su entender, el hecho de que el Estado se reserve un 33% del espectro, y que otro 33% sea para organizaciones civiles, “reduce la competencia y la diversidad a menos actores”.

Asimismo, señaló que en su país se tomó en cuenta la estructura existente, “sin desconocer su trayectoria”, que reciben la licencia por 15 años, con posibilidad de renovación, y cualquiera puede operar una licencia, aún siendo titular de una operación de Cable.

El funcionario también marcó las diferencias entre ambas naciones en relación al organismo de regulación, que en España es elegido por la Legislatura y es autárquico.

Winograd afirmó que “las empresas PyMEs no tienen la capacidad de replicar las ofertas de otros operadores, en muchos casos por restricciones y reglas regulatorias. Es como si un supermercado pudiera vender todas las marcas de agua mineral y otro sólo puede vender agua mineral Villa del Sur”.

Además, remarcó que no es lo mismo licencias en pequeños pueblos que en ciudades grandes, y que establecer un máximo de suscriptores no es pro competitivo, sino anti competitivo. “Si tenemos un límite del 35% de suscriptores, se anula el incentivo para competir y este mecanismo de regulación produce cartelización, es decir las empresas preferirían repartirse los mercados en lugar de competir”.

“El resultado es anticompetitivo, mayores precios y menor calidad, y por lo tanto contrario al interés de los consumidores. La rigurosa aplicación de la legislación de competencia debe atender a combatir las prácticas anticompetitivas y la concentración”, agregó.