Se crearon las bases para la constitución del Fondo de Servicio Universal

Ayer por la mañana se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 80/2007 que establece las condiciones para la constitución del Fondo de Servicio Universal (SU) “hasta tanto se constituya efectivamente”. Esto significa que las compañías de telecomunicaciones están obligadas a depositar el 1% de sus ingresos (neto de impuestos y tarifas) en el Banco Nación, hasta que se constituya definitivamente el Fondo. Con ese dinero, se permitirá subsidiar el servicio en grupos o zonas no rentables. La Secretaría de Comunicaciones dispuso que las empresas deberán iniciar los depósitos dentro de los diez primeros días del mes próximo.

Esta resolución empieza a poner en práctica lo que el Artículo 10 del Anexo III del Decreto Nº 764 del 2000 establecía como condición para la apertura del mercado a la competencia. De esta manera, se garantizaba la prestación de los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del país.

La crisis económica y financiera fue la justificación que permitió la no reglamentación del SU hasta ayer. Esta también incluía la conformación de una comisión integrada por el ente regulador, las empresas y las organizaciones de usuarios y consumidores. Según explicó Lisandro Salas, secretario de Comunicaciones, al medio Bloggers, “este es un primer paso que crea algunas condiciones”.

El reglamento del Servicio Universal establece que el conjunto de servicios telefónicos habrá de prestarse con una calidad determinada y a precios accesibles, con independencia de su localización geográfica. Lo llamativo, es que teniendo en cuenta las mejoras económicas que el país ha tenido en los últimos tiempos, más allá de la crísis, el fondo no se haya generado antes.

Por tal razón, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, destacó que el gobierno le regaló $750 millones a las empresas telefónicas. “El Gobierno acaba de condonar a las empresas telefónicas una deuda contraída en función de lo no aportado por éstas al Fondo Fiduciario del Servicio Universal correspondiente al período que va desde 2001 hasta el presente”.

Cabe destacar que esta deuda se encontraba en controversia judicial iniciada por una demanda de la Defensoría, que se generó en agosto de 2006, en el Juzgado de 1ª. Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo de la Jueza Dra. Susana Córdoba.

"Los 750 millones de pesos que le están perdonando a las empresas telefónicas, en realidad, se los sacan a los sectores más pobres del interior del país que no tienen acceso a los servicios esenciales de telecomunicaciones (télefono, Internet, etc.) acentuando así las desigualdades regionales, sociales y económicas que presenta nuestro país", dijo Mondino. Esta decisión implica "un claro incumplimiento del Estado en favor de las empresas y en perjuicio de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. En realidad, se trata de justificar la condonación de la deuda con un supuesto Plan de Inversiones que no aparece en ninguna de las Cartas de Entendimiento suscriptas entre las empresas y el Gobierno".

Así el Defensor del Pueblo dijo que impugnará judicialmente esta resolución administrativa a la par que evaluará, en las próximas horas si la cuestionada resolución amerita una intervención en la justicia penal en función de la actuación de los funcionarios intervinientes.

Más información: www.secom.gov.ar.