"El gobierno porteño castiga a los prestadores de servicios inalámbricos"

Hace tiempo que por los pasillos de las oficinas de CABASE (Cámara de Bases de Datos y Servicios en Línea) prima una sensación de inconformismo frente a las acciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y parece que la relación entre ambas partes se ha tensado a niveles complejos. Sucede que la Cámara decidió manifestar nuevamente su malestar a través de una denuncia pública debido a los nuevos tributos que el gobierno pretende cobrar para la instalación de antenas, considerados abusivos por las empresas proveedoras de servicio.

La medida del gobierno porteño que colmó a CABASE se relaciona con la suba de un 30% sobre los impuestos a la instalación de antenas para el servicio inalámbrico de acceso a Internet. De esta manera, si un prestador quiere brindar ese tipo de servicios, deberá pagar $13.000 por cada una de las antenas que instale a sus clientes más el abono de un canon de $5.149 por cada antena instalada en la terraza de un edificio, lo que reportaría un total de $20.596 en pagos anuales por antena.

"Desde hace dos años venimos hablando sobre este tema con el Gobierno y la situación no se ha resuelto, sino que ha empeorado. Estamos en una situación regresiva", manifestó a Canal AR Mario Miccelli, miembro del Consejo Directivo de CABASE. El empresario aseguró que estas medidas impedirán el desarrollo de modernas tecnologías que beneficiarían a los habitantes de la ciudad: "Los ciudadanos no van a poder acceder a mayores alternativas de proveedores por servicios de Internet".

Según datos difundidos por la Cámara, en caso de mantenerse la cifra propuesta por el gobierno, el proveedor de servicio debería cobrarle a cada cliente un monto superior a los $4.500 mensuales de abono sólo para cubrir los impuestos en la Ciudad. "Se demuestra directamente que hay discriminación y doble discurso en el gobierno: por un lado está trabajando por una ciudad digital, que requiere precisamente el despliegue de una infraestructura de red inalámbrica, pero por el otro castiga con impuestos confiscatorios a quienes deben brindar el servicio", agregó el empresario.

Teniendo en cuenta que la Legislatura Porteña vota una vez por año la Ley Fiscal que fija el monto de los impuestos que la ciudad establece en su Código Fiscal, Miccelli aseguró que sería ilógico esperar a resolver el conflicto con la asunción de la nueva gestión y para eso se mantendrán activos en su reclamo. De todas maneras no descartó la posibilidad de iniciar una causa en la Justicia en caso de seguir siendo ignorados.

Este no es el primer enfrentamiento entre el gobierno porteño y la Cámara. Hace dos años, CABASE apeló a través de comunicados públicos la modificación de una norma que establecía un impuesto de $10.000 a la instalación de antenas en la vía pública (ver CABASE busca la inconstitucionalidad de la Ley 1542).

Más información: www.cabase.org.ar.