La lucha contra la piratería generaría 3.900 empleos nuevos en Argentina

Luchar contra la producción ilegal de software contribuiría a desarrollar en la Argentina una industria tecnológica más fuerte y con mayor capacidad para generar nuevos puestos de trabajo. Esa es la conclusión que se desprendió de un estudio que IDC hizo para Business Software Alliance (BSA). El documento reveló que la piratería priva al país de millones de dólares en inversiones y miles de empleos.

Durante 2007, el mercado local dispuso de 3.000 millones de dólares en tecnología, cerca del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Las compras se dirigieron a computadores, dispositivos periféricos, equipos de red, software y servicios. De este modo, se vieron beneficiadas cerca de 7.400 compañías IT con más de 93.000 trabajadores, que a su vez generaron 748 millones de dólares en impuestos.

De acuerdo al documento, la reducción en 10 puntos de la tasa de software sin licencias en el país, que actualmente es del 75 %, multiplicaría e incrementaría los beneficios actuales: se crearían 3.900 empleos adicionales, 81 millones de dólares en ingresos fiscales y 630 millones en inversiones para el sector durante los próximos cuatro años.



"Con más y mejores oportunidades de trabajo, un ambiente de negocio más fuerte, más seguro, y mayores contribuciones económicas, la reducción de la piratería entrega beneficios materiales para los gobiernos y las economías locales", expresó a través de un comunicado Antonio Millé (h.), vocero de BSA.

La investigación también señaló que por cada dólar que se dirige a la producción legal, se generan 1.25 dólares adicionales en actividades relacionadas al sector, como instalación del software, entrenamiento de personal y servicio de mantenimiento.

Tarea para el hogar

Por otro lado BSA recomendó a los gobiernos que, en caso de querer luchar contra la piratería, deberán tomar una serie de medidas urgentes. Por un lado, tendrán que actualizar sus leyes nacionales sobre derechos de autor, para implementar los modernos instrumentos jurídicos convenidos en los tratados internacionales. Asimismo, se verán obligados a crear mecanismos fuertes y sólidos para la aplicación de esas normas, destinar más recursos, y por último, mejorar la educación y la conciencia pública sobre el respeto a la creatividad intelectual y a los bienes de la cultura y la información.

Más información: www.bsa.org.