Los cableros se despacharon con fuertes críticas a la Ley de Medios

El oficialismo tiene los votos necesarios para firmar hoy el dictamen de la mayoría del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que será tratado en la Cámara Alta el jueves próximo. La oposición anunció que hoy no participará de la última jornada de debate, en señal de protesta de que pese a que durante los últimos cuatro días casi medio centenar de especialistas y entidades empresariales expresaron algunas objeciones y críticas a la iniciativa, el kirchnerismo se negó a modificar el texto aprobado en Diputados.

La postura de la industria de la TV

Las cuatro comisiones que analizaron la iniciativa que busca reemplazar a la actual Ley de Radiodifusión, sancionada durante la última dictadura cívico militar, recibieron el miércoles por la mañana a las asociaciones Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Bonaerense de Televisión (ABTV), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc). Por la tarde, fue el turno de la Asociación Argentina de TV por Cable (ATVC), las cámaras de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (Cappsa) y de Cableoperadores Independientes (CCI), entre otras.

Luego de reunirse con los senadores, ATVC publicó una solicitada en los principales diarios, en la que tuvo duras palabras hacia el proyecto de Ley, señalando que a medida que avanza el debate, “sale a la luz nuevas contradicciones y falencias que no fueron o no quisieron ser advertidas oportunamente”.

A continuación, remarcó que pese a que la industria de la televisión por cable tiene el respaldo de 45 años de trabajo, la diversidad de contenidos que ofrece y su aporte a la inclusión digital, fue la más agredida durante el tratamiento de la propuesta.

También señaló que Argentina es la tercera nación en penetración de cable, y que es un mercado sumamente competitivo, si se tiene en cuenta que el principal grupo del sector tiene un 47% de participación, un porcentaje menor al de Chile (68%), Perú (82%), Venezuela (50%) y Brasil (48%). “Donde otros países tienen unas pocas empresas, aquí hay más de 700. Tanto las PyMEs como las grandes compañías vienen apostando a un desarrollo sin subsidios ni exclusividades, a pura inversión de riesgo”.

Por otro lado, la asociación afirmó que es el único servicio cuyas licencias, al no usar espectro radioeléctrico, no deben estar sujetas a restricciones y manos arbitrarias. “Con cables pobres y fragmentados seguiremos teniendo redes atrasadas, con pocos canales que terminarán siendo los que el Gobierno decida. Con cables fuertes, de todos los tamaños, podremos llegar hasta los 150 y aún los 300 canales”.

Daniel Celentano, representante de la ABT, se quejó de que el proyecto de Ley no contempla la realidad de las PyMEs, dejándolas “a merced de los monopolios de las cooperativas, que tienen exenciones impositivas, lo cual constituye una discriminación para competir”. A su vez, hizo hincapié en que también los dejará expuestos frente al “monopolio satelital” de Direct TV. “Una sola empresa puede dar cobertura total nacional, sin contenidos locales, sin regulación de producción nacional, peor aún, sin pagar impuestos en las localidades”, dijo.

Sustento académico

Los rectores de universidades nacionales que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) concurriieion el jueves al plenario de las comisiones para manifestar su apoyo a la Ley de Servicios Audiovisuales. “La libertad para expresar y distribuir las ideas es un principio fundante de la universidad pública”, señaló Martín Gill, rector de la Universidad Nacional de Villa María.

Aldo Caballero, máxima autoridad de la Universidad Nacional de Misiones, consideró a su tiempo que la norma “debería aprobarse tal como está, porque parte de una cuestión con 26 años de discusión en el ámbito académico”. “Es una deuda pendiente que la democracia debe saldar cuanto antes”, expresó.