Los usuarios, en alerta por un acuerdo secreto para proteger el copyright
11 de Noviembre de 2009Cuarenta países trabajan en un documento para permitir a los proveedores de Internet que puedan vigilar los contenidos que intercambian sus clientes. Grupos civiles enviaron una carta a Barack Obama. Le demandaron que haya un debate público en torno al texto
Usuarios de todo el mundo mostraron su disconformidad con una negociación secreta que lideran las principales potencias del mundo para llegar a un acuerdo que busca dar libre a las empresas y propietarios de derechos a exigir a los proveedores de acceso a Internet la vigilancia sobre el tráfico de sus clientes. El convenio lleva el nombre de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), y la semana pasada trascendió que la Unión Europea demandaba saber cuál es la posición de Estados Unidos, responsable de redactar el capítulo que afecta a Internet.

Según informó el diario El País, algunos grupos civiles que enviaron una carta al presidente norteamericano, Barack Obama, en la que criticaron que el proceso se esté llevando a cabo bajo el más estricto silencio oficial, lo cual contradice la política de transparencia que impulsó durante la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca.
En el acuerdo intervienen 40 países, que van desde Estados Unidos, la Unión Europea e importantes naciones asiáticas como Japón y Corea. El texto comenzó a redactarse durante la administración de George W. Bush, y se supo que la semana pasada hubo una nueva reunión en Seúl por este tema, y que en enero se celebrará otra en México.
El periódico aseguró que el documento propone perseguir a quienes elaboren o distribuyan programas que desactiven los sistemas anticopia, además de obligar a los proveedores de acceso a Internet a controlar el tráfico de sus clientes, para evitar el intercambio o distribución de material protegido por copyright.
Desde las organizaciones civiles, demandaron que como el ACTA es un instrumento que afecta a las leyes y políticas de múltiples naciones, "debería ser negociada públicamente". Estados Unidos acercó el texto a empresas y distintos grupos, pero bajo la obligación de confidencialidad.













