Avanza el plan del Gobierno para estatizar Telecom

Hace poco más de una semana, el ministro de Planificación, Julio de Vido, afirmó en una conferencia de prensa que el Gobierno Nacional podría estatizar Telecom Argentina, en caso de que los directivos de Telecom Italia no vendan su participación en las distintas sociedades que conforman la firma en el país. Sin perder tiempo, la oposición rechazó la postura del oficialismo.

Julio De Vido. Ilustración hecha por Marcelo Suárez

El funcionario sostuvo que, si era necesario, recurrirán al Parlamento para disponer la caducidad de la licencia de la empresa de telefonía, y además hizo hincapié en señalar que existe una concentración monopólica de las comunicaciones que hace falta revertir.

Algunos de los principales referentes de la oposición, como el jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri, los diputados nacionales Francisco de Narváez (Unión Pro) y Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), rechazaron la medida y solicitaron a la presidenta Cristina Fernández que tolere los fallos judiciales en su contra. En ese sentido, Prat Gay afirmó que el kirchnerismo “está mostrando una intolerancia peligrosa en cuanto a los fallos de la Justicia, sobre todo cuando no le son favorables".

Otro punto de vista. Desde la consultora Carrier & Asociados, en cambio, evaluaron que era importante que la espiral de golpes entre el oficialismo, la oposición y los directivos de Telecom Italia podía hacer perder de vista el principal eje del debate: que “el marco regulatorio argentino no es ni chicha ni limonada, pero cada vez huele más rancio”.

La consultora sostuvo que tras dar la orden de desinvertir en Telecom Argentina, aunque pretendían quedarse en el país, Telecom Italia comenzó a evaluar distintas propuestas de compradores para su participación. “Es difícil saber si las negociaciones fueron estiradas para ganar tiempo pensando en un posible debilitamiento del gobierno hasta el fin de su gestión. Lo que sí es cierto es que un vendedor apurado no vende bien”, meditó Carrier.

Fruto de la impaciencia, y de los distintos conflictos que rodean su gestión, el Gobierno de Fernández “subió la apuesta” y empezó a hablar de “estatización”, argumentando la falta de competencia. “Ese as en la manga terminó siendo un ancho falso. Habida cuenta de que el Estado dispone de herramientas de control, la amenaza de estatización muestra su incapacidad para actuar como regulador”, señaló la consultora.

A su entender, la solución no pasa por el cambio de accionistas. En su luegar, reclamó al Estado que comience “a prestar atención a la importancia de definir un marco regulatorio para las telecomunicaciones, un sector que es clave en el desarrollo de la sociedad y economía moderna”.

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