Hace algunos días la Business Software Alliance (BSA) en Chile, entregó los resultados del séptimo estudio anual sobre piratería del software realizado por la consultora internacional IDC a nivel mundial.

Si bien el resultado de Chile es alentador, ya que muestra una baja de tres puntos porcentuales, llegando al 64%, lo que representa el nivel de piratería más bajo en los últimos cinco años, Chile aún sigue presentando deficiencias preocupantes en esta materia. Además según este informe la industria de distribución de software dejo de comercializar productos por USD 315 millones, con el consiguiente perjuicio en la creación de puestos de trabajo y recaudación tributaria.

“El país al ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, debe trabajar arduamente para cumplir estándares más exigentes. Según esta organización la piratería provoca un profundo impacto en el desarrollo y progreso del país y lamentablemente Chile en comparación con el resto de los países miembros de la OCDE presenta la tasa de piratería de software más alta”, dice Sebastián Rodríguez, gerente general de la Asociación de Distribuidores de Software.

Para él, esta diferencia fue una de las razones por la que fue necesario modificar la normativa del país, la cual aún a nuestro entender, no está en concordancia con los compromisos internacionales asumidos.

“De todas formas, las modificaciones realizadas a Ley de Propiedad Intelectual, promulgada el pasado 4 de mayo, nos abre a la posibilidad de generar nuevas instancias de trabajo que tanto el sector privado como publico debemos aprovechar”, dice. Y añade que, junto con esto, es necesario modernizar las herramientas que permitan entregar una efectiva protección a la propiedad intelectual, “que implique educación y conciencia social de los riesgos que trae la utilización de productos que están al margen de la ley antes mencionada”, explica.

Los desafíos

La nueva ley pone también énfasis en recurrir a sanciones eficaces que sirvan de incentivo para la disminución la piratería. Se aumentan 20 veces en algunos casos las sanciones monetarias antes existentes, llegando hasta las 2 mil UTM. Además establecen para aquellos que cometan delitos contra la propiedad intelectual, no sólo multas sino que también penas privativas de libertad que van desde la prisión en cualquiera de sus grados a la reclusión menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años). En el caso de la reincidencia se aplicarán las penas máximas contempladas para cada uno de los delitos tipificados en la ley.

Se regula también el caso de aquellos responsables que formen parte de una agrupación o reunión de personas para cometer dichos delitos, aún cuando no incurran o no se configure el delito de asociación ilícita.

Los alcances de la nueva ley de PI son un incentivo para la disminución de prácticas ilegales, pero se necesita un cambio profundo, tomado conciencia de cómo este delito afecta al desarrollo de nuestra economía, a la industria local del software y a nuestra imagen país.

“Hoy la ley nos ampara en darle mayor protección a la industria. El endurecimiento de las sanciones es un gran avance que implica un cambio cultural pero junto con ello es primordial acabar con el desconocimiento de los riesgos legales, tributarios y sistémicos que asume personalmente el representante legal ante el uso de software sin el correcto licenciamiento”, dice Rodríguez.

Y agrega que muchas veces esta ignorancia es la que lleva, en el caso de las empresas, a caer en el delito de usar software pirata. “En este sentido la labor de la Asociación de Distribuidores de Software ADS, ha sido fundamental. En el 2009, ADS se contactó por distintos medios con 11.611 empresas e instituciones a fin de ofrecerles un servicio gratuito de asesoramiento, para que valore cuál es el riesgo que se corre si en la organización existiera software sin el correcto licenciamiento”, sostiene.

Más información: www.ads.cl.