Inseguridad: Las Telcos se quejan por el abuso del Estado
12 de Enero de 2005Tras la modificación de la Ley de Telecomunicaciones, el estado obliga a las Telcos a invertir en infraestructura para que éstas puedan ayudarlo de mejor manera a combatir la inseguridad. Como respuesta, los empresarios de las grandes empresas de comunicaciones iniciaron acciones legales contra el Gobierno. El titular de CABASE, Patricio Seoane abrió la polémica: "Coincidimos con los objetivos de incrementar la cantidad de elementos que permitan a las agencias del Estado a que mejoren la seguridad. Pero ese rol lo debe cumplir el Estado, no las empresas". ¿Cómo terminará la pulseada?
Los tiempos en los que la SIDE era el foco de las noticias por el caso de las Coimas en el Senado ya son historia. "Pontacuarto" no es más el primer nombre que aparece en la cabeza cuando alguien piensa en la secretaría de Inteligencia.
Las Telcos tomaron la posta: luego meses de silencio , las empresas de telecomunicaciones están comenzando a plantear reparos legales a un decreto del Gobierno que las obliga a efectuar inversiones adicionales para auxiliar a la Justicia y a la SIDE en los seguimientos de secuestros y casos de narcotráfico.
El decreto exige que la infraestructura adicional debe estar lista y en funcionamiento para junio de este año y especifica que el costo de esas inversiones debe correr por cuenta de las empresas. Los empresarios, a su vez, plantean que afectará profundamente la naturaleza del negocio, sobre todo a las firmas más chicas.
Otras de las cuestiones que precupa a las empresas de telecomunicaciones es el deber que tendrán como proporcionadores de información confidencial a esa dependencia del Estado.
La nueva normativa nació como consecuencia de una de las leyes que el Congreso sancionó a partir de los reclamos de Juan Carlos Blumberg, el padre del estudiante secuestrado y asesinado en marzo del año pasado. En este sentido, la Ley de Telecomunicaciones fue modificada para agilizar el acceso de los organismos de seguridad a los elementos de comunicación de las bandas de secuestradores o narcotraficantes. Por esa razón, los empresarios están manejando el tema con mucho cuidado, ya que no quieren ser acusados de poseer mala voluntad.
La Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE), que nuclea a la mayoría de proveedores de servicios de Internet, ya llevó el tema a la Justicia. Su titular, Patricio Seoane afirmó lo siguiente: "Coincidimos con los objetivos de incrementar la cantidad de elementos que permitan a las agencias del Estado a que mejoren la seguridad. Pero ese rol lo debe cumplir el Estado, no las empresas".
La entidad presentó un recurso de amparo a mediados de diciembre basado en dos reclamos principalmente: que las erogaciones para los equipos adicionales sean financiadas por el Estado y que la Justicia determine si es constitucional que las empresas entreguen información a un organismo del Estado que no sea un juzgado, como la SIDE.
