Diputados critican la Ley de Educación Técnica

Por Sebastián Premici
El Senado aprobó ayer la Ley de Educación Técnica (ver proyecto). Esta normativa está en consonancia con los reclamos que viene efectuando la industria del software desde hace varios años. Sin embargo, la respuesta que dio el congreso a los problemas de recursos humanos es a corto plazo y no contempla la idea de país que se quiere para el futuro. Esto se desprende de las críticas a la Ley que Canal AR pudo recoger en diálogo con las diputadas Marta Maffei (ARI), Olinda Montenegro (UCR) y la radical Liliana Puig de Stubrin

El Senado aprobó ayer la Ley de Educación Técnica (ver proyecto) que tiene como propósitos específicos preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su situación educativa inicial, a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales. A partir de esta ley- enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo- se creará un Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que prevé alcanzar la suma de 250 millones de pesos en 2006. A su vez, se constituirá el Consejo Federal de Cultura y Educación que aprobará para las carreras técnicas de nivel medio y de nivel superior no universitario y para la formación profesional, los criterios básicos y los parámetros mínimos referidos al perfil profesional, alcance de los títulos y certificaciones.

Esta ley está en consonancia con los reclamos que viene efectuando el sector de las tecnologías de la información en el país, especialmente a partir de la conformación del Foro de Software y Servicios Informáticos que evidenció la falta de recursos humanos del sector. En relación a este tema, ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó un informe denominado Demanda Laboral Insatisfecha en Argentina (ver aquí) en donde precisó que el 43,8% de las firmas consultadas realizó una búsqueda de personal durante el segundo trimestre de este año y un 13,5% de ese grupo no logró cubrir al menos una de las posiciones vacantes. Sobre la demanda insatisfecha total, el 49,8% corresponde a personal técnico; el 28,7% a empleados del área operativa, y el 21,5% a profesionales.

Las distintas demandas del sector del software y del hardware apuntan a la necesidad urgente de conseguir mano de obra para poder potenciar las respectivas industrias tal como se propone desde el gobierno. Pero esta urgencia puede conllevar la falta de visión a largo plazo, situación que contemplaría la posibilidad de pensar qué país industrial se quiere construir. En este sentido, la Ley votada ayer en el Senado despertó las críticas de distintos partidos políticos, entre ellos el ARI y la UCR, que más allá de estar en campaña y oponerse a cualquier iniciativa del Gobierno Nacional, vale la pena escuchar sus argumentos.

En diálogo con Canal AR, la diputada del ARI Marta Maffei, indicó: "Una ley de educación técnica no sólo debería contemplar las necesidades actuales sino que también debería contemplar el futuro del país y del mercado laboral. Esto debería ajustarse a una decisión de proyecto de país, algo que no aparece contemplado en el proyecto votado".

-¿Cuáles serían las demandas futuras?-, preguntó este medio.

- Estas tienen que ver con un proyecto de país. ¿Seguiremos exportando solamente soja y carne, sin preocuparnos por pensar en técnicas alimenticias? ¿Continuaremos extrayendo minerales para que empresas foráneas se queden con las regalías o el país comenzará a trabajar en proyectos mineros nacionales? Una Ley de educación técnica debería ajustarse a un proyecto de industria nacional-, respondió Maffei.

Para la diputada radical Olinda Montenegro, el proyecto votado apunta a mantener vigente la Ley de Educación Federal, la misma que en su momento eliminó a las escuelas técnicas. “Si bien éstas figurarán en la nueva Ley, serán escuelas fragmentadas”, indicó la legisladora, que también presentó un proyecto con antelación al del Ejecutivo (ver aquí).

La iniciativa de Montenegro proponía- a su vez- volver al Consejo Nacional de Educación Técnica (Conet) y dejar de lado al INET, que tendrá la función de "elaborar las ofertas de educación técnico profesional utilizando como referencia perfiles profesionales en el marco de familias profesionales para los distintos sectores de actividad socio productivo", según consta en el artículo 21 de la Ley votada.

"Nosotros nos encargamos de estipular cómo debería llevarse acabo la recuperación de las escuelas técnicas pero el proyecto del PE no dice nada. La mejor prueba de disconformidad sobre esta iniciativa es la marcha de protesta realizada ayer por estudiantes del secundario", aseveró Montenegro.

Por su parte, Liliana Puig de Stubrin (UCR) indicó que "el problema fundamental que encontramos es que se separa a la educación técnica del sistema educativo y se crea un Consejo Federal de Cultura y Educación, que definirá los perfiles de los profesionales. Este no es un tema que competa a la educación solamente, debería participar también el Ministerio de Trabajo".

El sector de las TICs ya tiene una nueva ley que le permitiría encontrar un marco gubernamental para potenciar la formación de especialistas técnicos. Pregunta: ¿es lo que se necesita? ¿Hay pensar en el corto plazo para solucionar los problemas de recursos humanos que tanto se denuncian en los distintos foros?

En diálogo con un reconocido consultor internacional (que por el momento prefiere reservar su identidad) surgió la siguiente conclusión: a las casas de estudio se les exige que no pueden cumplir con las demandas del mercado pero la realidad indica que eso ocurre porque cuando un estudiante está cursando su segundo año, ya está en condiciones de recibir una oferta laboral con un sueldo extremadamente importante, lo que hace que ese estudiante abandone los estudios. Por lo tanto, al cabo de cinco años, en vez de tener una persona recibida, el empresario tendrá trabajando a alguien que estudió sólo dos años. El resultado de la conclusión es el siguiente: las empresas deben dejar de reclamar constantemente, sobre todo a la Universidad, y comenzar a ofrecer ellas mismas formas de capacitación.