Algoritmos y democracia en tiempos de pandemia

Escribe Lucas Jolías, Director de OS City

Es difícil encontrar una tendencia constante sobre el impacto de la tecnología en nuestras sociedades, por lo menos si uno analiza lo que ha sucedido en estos últimos 20 años. Dependiendo del año en que nos situemos, podemos pensar que internet y las nuevas tecnologías son lo mejor que le ha pasado a la democracia moderna o que son su principal amenaza. No hace falta hacer mucha memoria para recordar el rol que le atribuímos a internet en las revoluciones árabes una década atrás, o cómo las redes sociales eran fundamentales para organizar el descontento ciudadano de los Indignados, o cómo los modelos de autogobernanza del Occupy Wall Street se nutrían principalmente de tecnologías de comunicación. Los algoritmos, internet, las redes sociales y los teléfonos móviles empoderaban al individuo a tal punto que muchos soñaban con un regreso a la democracia directa como solución a los problemas de la representación.

Sin embargo, la primavera de internet parece haber durado poco. Rápidamente los pronósticos comenzaron a anunciar que “la nube” traía algunas tormentas. El escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, el poder de las fake news para torcer o manipular la voluntad de los pueblos o las intromisiones a la privacidad por parte de gobiernos, hicieron que cambiemos rápidamente de opinión y pasamos a echarle las culpas a internet del pobre desempeño democrático de nuestros países. Si hace diez años las Big Tech eran sinónimo de empoderamiento individual frente al poder del Estado, hoy son vistas como cómplices de violaciones a la privacidad o creadoras de un modelo de negocio en donde el producto somos nosotros. Internet nos ha llevado de la “Revolución Árabe” a Donald Trump sin escalas.

Las redes sociales fueron una herramienta central para fomentar movilizaciones debido a una simple razón: su capacidad para romper la “ignorancia pluralista”, la creencia de que uno está solo en la opinión de uno cuando en realidad todos han sido silenciados colectivamente. Aquellos que anteriormente estaban aislados en su disidencia, se encontraron y fortalecieron unos a otros. Pero los Estados también aprenden y cuanto más autoritarios más rápido lo hacen. Al día siguiente en que Hosni Mubarak -el líder autoritario egipcio- fuera expulsado de su cargo, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto abrió una página de Facebook y la convirtió en el medio exclusivo para sus comunicados de gobierno. Había aprendido de los errores de Mubarak; el partido se juega en el territorio de los disidentes. Cualquiera que haya seguido las movilizaciones de Hong Kong se asombra por el nivel de sofisticación tecnológica tanto del Estado chino como de los disidentes civiles. La “revolución de los paraguas” que comenzó en 2014 y sigue hasta nuestros días, incluye un impresionante despliegue de instrumentos que, utilizados de forma innovadora, sirven para mitigar la capacidad e inteligencia del estado chino: paraguas para contener los gases lacrimógenos, láseres para bloquear cámaras de seguridad, máscaras para no ser detectados por la identificación facial, aplicaciones creadas ad hoc para organizarse descentralizadamente, entre muchos otros. Nada ha puesto más al descubierto la tensión entre las nuevas tecnologías y el binomio autoritarismo/democracia que las protestas en Hong Kong de los últimos años.

La situación actual nos lleva nuevamente a China, origen y epicentro (por lo menos al inicio) de la actual pandemia del Coronavirus. Hoy la situación mundial condensa la dualidad que vivimos desde comienzos de este siglo, en donde la tecnología puede ser la herramienta que salve nuestras vidas al mismo tiempo que erosiona nuestra libertad. Los países que mejor han controlado la pandemia (hasta el momento) son aquellos que utilizaron de manera intensiva las nuevas tecnologías, pero también son aquellos que más han violado la privacidad de sus ciudadanos. En Corea del Sur, uno de los casos más citados, el gobierno utiliza las imágenes de cámaras de vigilancia, datos de ubicación de teléfonos inteligentes y registros de compra de tarjetas de crédito para ayudar a rastrear los movimientos de pacientes con coronavirus y establecer cadenas de transmisión de virus. En Lombardía, Italia, las estudio en donde analiza los cambios en la movilidad de la gente a nivel global, desde mediados de febrero hasta nuestros días. Básicamente nos está informando sobre nuestros movimientos, de manera agregada y anónima según la empresa, a la hora de ir a un parque, al trabajo o simplemente quedarnos en casa. La importancia de esto radica en que Google no sólo accede a nuestros movimientos en automóvil, sino también cuando lo hacemos a pie. En China, el gobierno obliga a sus ciudadanos a utilizar una aplicación que clasifca a cada persona con un código QR de color -rojo, amarillo o verde- el cual indica el riesgo de contagio. El algoritmo determina qué personas deben quedarse en cuarentena o se les debe permitir ingresar a lugares públicos como el subte. Lo que el gobierno no informa son las características de dicho algoritmo o los datos por los cual se nutre. En Israel, la agencia de seguridad interna del país utiliza un caché de datos de ubicación de teléfonos móviles, originalmente destinados a operaciones antiterroristas, para tratar de identificar a los ciudadanos que pueden haber estado expuestos al virus. En Argentina, al igual que en muchos países de nuestra región, el Ministerio de Transporte diseña una plataforma para hacer un trackeo online del cumplimiento que la sociedad hace de la cuarentena obligatoria, accediendo a la información satelital de los celulares.

Los ejemplos anteriores, impensados hace algunos años, pueden ser un sueño para epidemiólogos y sanitaristas, ya que nos permiten rastrear en tiempo real el avance de ese “enemigo invisible” que es el virus. Justamente el éxito de países como China, Corea del Sur, Singapur o Taiwán, reside en que pudieron utilizar grandes volúmenes de información en tiempo real pero también acceder minuciosamente a movimientos de gente infectada. Mientras que el dilema urgente es salud o economía, a mediano plazo la principal tensión estará dada por el cuidado de nuestra salud a nivel colectivo frente a la privacidad de la información a nivel individual. ¿Debemos sacrificar nuestra privacidad en pos de garantizar nuestra salud? Pensadores como Yuval Harari o Byung-Chul Han lo han remarcado en sus últimos artículos: si el dilema se plantea en esos términos, entonces difícilmente la privacidad tenga algo que hacer frente a proteger nuestra vida. Al riesgo de muerte no hay con qué ganarle. El tema está en qué pasará cuando ese riesgo vuelva a sus cauces normales. ¿Qué pasará cuando el virus ya no sea tapa de todos los diarios pero decenas de gobiernos hayan internalizado el poder de los algoritmos?

Seguramente el camino será el mismo que hemos visto en estos últimos años; Organizaciones defensoras de los derechos humanos peleando por nuestra privacidad, algunos (pocos) políticos tratando de instalar el tema en la agenda pública, el congreso de los Estados Unidos pidiendo informes a sus presidentes, la Unión Europea sacando resoluciones que obliguen a empresas de tecnología a proteger los datos personales, nuevas leyes, más regulación y cosas por el estilo. Todo eso será necesario si queremos que la privacidad siga siendo un derecho necesario de la democracia. Pero aunque logremos todo eso, no será suficiente. Cuando las miradas están puestas en el sector privado y en cómo resguardar nuestros datos de empresas de tecnología, entonces todas esas medidas y normas de un Estado de Derecho son necesarias; pero ¿qué pasa cuando es el mismo Estado quien utiliza esa información para violar la privacidad de sus ciudadanos? La vieja pregunta de quién controla al que controla adquiere un nuevo significado en épocas de vigilancia tecnológica.

Las leyes creadas por y para humanos son esenciales para mantener nuestro orden democrático, pero no han sido tan efectivas para hacer frente a los algoritmos. La protección de nuestra privacidad en internet debe tener una solución tecnológica, no sólo normativa. Los problemas que trae aparejados la “carrera contra la máquina” se resuelven con más innovación, no con menos. Frenar, prohibir, eliminar, impedir, negar, no siempre son buenas ideas cuando el desafío viene del lado de los algoritmos, basta con echar un vistazo a la economía de las plataformas para darse cuenta. Si lo que pone en juego nuestra privacidad es la capacidad de empresas o el Estado en hacer un uso intensivo de los nuevos dispositivos, entonces la respuesta debe ser más innovación, que permita empoderar al ciudadano y darle mayor autonomía. ¿Acaso la idea de Gobierno Abierto no es esa?

Quizás debamos prestar atención a lo que sucede en contextos autoritarios para darnos una idea de cómo proteger nuestros derechos en contextos democráticos. Como veíamos al comienzo del artículo, la innovación ha sido central para los disidentes del régimen Chino en las protestas de Hong Kong de los últimos años. Algunas de esas innovaciones incluyen un inhibidores de RFID, tecnología que se usa en elementos como tarjetas de transporte público o pasaportes y almacena datos sobre la identidad del usuario, o simplemente utilizar aplicaciones conocidas por todos pero con otro uso. Por ejemplo, Pokemon Go se ha utilizado para coordinar acciones de protesta con la excusa de jugar a ese videojuego o algunos choferes de Uber desactivan el GPS para llevar a manifestantes de vuelta a sus casas. También la aplicación de citas Tinder es usada para difundir información sobre las manifestaciones y el servicio Twitch, diseñado para transmitir partidas de videojuegos, se ha usado para dar seguimiento en vivo a las protestas. Hasta existen instructivos y folletos explicando cómo proteger la identidad digital de los manifestantes.

Obviamente son contextos diferentes y no olvido el pequeño detalle que el Estado de Derecho es inexistente en China. Pero el punto que quiero remarcar es que el incremento de la vigilancia del Estado sobre sus ciudadanos en tiempos de pandemia, requerirá no sólo de fortalecer nuestras instituciones de control y adecuar nuestras leyes, sino también de invertir en desarrollos tecnológicos que den mayor autonomía al ciudadano. Así como hoy se alude a las empresas FinTech para solucionar los problemas financieros y económicos que trae la pandemia, emprendimientos sociales o startups tecnológicas, bajo las corrientes del GovTech o CivicTech, tendrán un rol central en generar nuevas soluciones que empoderen al ciudadano, protejan sus datos y la privacidad frente al avance del Estado y generen soluciones acordes a los desafíos de situación global actual. En gran medida, el tipo de tecnología que desarrollemos para enfrentar la pandemia determinará si superamos esta situación con una ciudadanía más fortalecida y autónoma o con individuos dependientes del paternalismo y control estatal. El desafío está en que todo eso, deberemos hacerlo confinados en nuestros hogares.

(*) Lucas Jolías: Director de OS City


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