Se aprobó la "Ley Espía" europea

Finalmente el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea aprobó hoy la directiva sobre retención de datos telefónicos y de comunicaciones electrónicas que obliga a los operadores de telecomunicaciones a almacenar los datos durante un período de entre 6 y 24 meses. Según publicó el diario español El Mundo (ver nota), el comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertad, Franco Frattini, elogió este "paso decisivo" y lo consideró como un "gran éxito".

El anuncio de esta iniciativa del viejo continente lo había dado Viviane Reding, Comisaria para la Sociedad de la Información y los Medios de Comunicación de la UE, en mayo de 2005 (ver Una Ley Espía a la europea), y el pasado 14 de diciembre el Parlamento Europeo dio el visto bueno. Con la aprobación del Consejo de Ministros de Justicia e Interior sólo resta esperar la publicación de la directiva en el Diario Oficial de la Unión para que comience la cuenta regresiva de 18 meses, plazo que tendrán los Estados miembros de la UE para incorporar los conceptos a sus legislaciones internas.

La normativa obliga a los operadores a retener los datos durante un período de entre 6 y 24 meses con el objetivo de luchar contra el terrorismo y otros delitos graves. Según el diario español, todas las llamadas telefónicas deberán ser registradas, tanto las recibidas como las perdidas o no contestadas, así como todos los datos de correos electrónicos. De esta manera se podrá conocer quién ha hecho una llamada, el lugar de procedencia y su duración, aunque no el contenido de la misma, ya que sólo se tendrá acceso a éste con la decisión de una autoridad judicial. La directiva también exige la retención de los datos correspondientes al lugar desde el que se realiza una llamadas con un teléfono móvil.

Tal como ocurrió en Argentina, la propuesta implicó un duro golpe para los operadores de telecomunicaciones, quienes tendrían que asumir los costos técnicos de generar y mantener una base de datos que almacene toda la información. El Mundo informó que, según los cálculos de las autoridades europeas, cada empresa debería desembolsar 100 millones de euros por la infraestructura, y unos 50 millones de euros anuales para su mantenimiento.

El capítulo argentino

En noviembre de 2004 el Poder Ejecutivo argentino firmó un decreto reglamentario que modificaba la vieja Ley de Telecomunicaciones y exigía a los proveedores de servicios de telecomunicaciones (ISPs y empresas de telefonía) almacenar toda la información de sus clientes por un plazo de 10 años.

"El dato sobresaliente es el manejo de los e-mails. La interpretación de e-mails surge de la definición que hacen del concepto de Telecomunicaciones, que comprende cualquier transmisión, emisión, recepción de signos y señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza. A partir de ahora, todos los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a entregar esta información. Todo lo que sea e-mails y navegaciones por Internet será susceptible de ser interceptado", había dicho a este medio Mario Miccelli, gerente de asuntos públicos de Iplan (ver Este email se guardará por diez años).

"Esta ley reconoce un espíritu de época; en Estados Unidos, el acta patriótica, el recrudecimiento de las leyes de seguridad interior en Inglaterra son sólo un ejemplo de un nuevo contexto mundial. El propio consejo de Europa ha trabajado sobre este tema; incluso, la Federación Internacional de Periodistas ha realizado una serie de encuestas sobre el cambio en las legislaciones que rodean esta temática", explicó en la misma nota el abogado especialista en medios de comunicación y director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Damián Loretti.

Tal fue la polémica iniciada por esta ley que distintos diputados, empresarios y usuarios de Internet pusieron el grito en el cielo, hasta el punto que la diputada Araceli Méndez de Ferreira, perteneciente al bloque Convergencia liderado por el diputado Miguel Bonasso, presentó un proyecto para derogar la Ley que obliga a las empresas de telecomunicaciones a espiar a sus usuarios. El decreto 1563/2004 que reglamentaba la Ley 25.873 terminó siendo derogado por el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, durante un viaje realizado a Alemania.

Más información: europa.eu.int/index_es.htm.