Cómo incorporó Argentina la Firma Digital

Luego de conocerse de que la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fueron habilitados como entes certificadores de firma digital (ver nota), se dio comienzo a una nueva etapa. El sistema propone una relación diferente entre los ciudadanos y el Gobierno. Para conocer más acerca de su puesta en práctica, Canal AR dialogó con Rodolfo Lomascolo, CEO de IPS Certification Authority (ipsCA), una compañía española pionera en Europa, para que brinde su enfoque acerca del estado en el que se encuentra el mercado argentino y latinoamericano en esta materia.

Rodolfo Lomascolo, CEO de ipsCA

En primer lugar, el ejecutivo señaló que la región aún está dando sus primeros pasos en Firma Digital - o Firma Electrónica, dependiendo de la denominación que haya adquirido cada país-, y que si bien hace años se habla de su uso recién desde hace muy poco, con la autorización de los entes certificadores, se cumplió con una de las bases necesarias para extender la solución al resto de los ciudadanos.

“Este paso inicial no es tan simple. Requiere de una fuerte inversión y apuesta por parte de los gobiernos para establecer quiénes serán los encargados de emitir los certificados de habilitación”, explicó Lomascolo. En este sentido, se puede mencionar el monto superior a 5 millones de pesos que desembolsó AFIP para integrar los sistemas necesarios y migrar a esta modalidad (ver nota).

El segundo paso sería la adaptación de los sistemas, aplicaciones y programas existentes para que sean compatibles con la emisión de documentos electrónicos. Es en este punto es donde empresas proveedoras de software, como es el caso de ipsCA, entran en juego.

“Fundamentalmente, los gobiernos tienen que facilitar a los usuarios el acceso a la firma digital y ayudar a que se despliegue, haciendo inversiones y otorgando certificados, ya sea de forma gratuita o paga (aunque con esta última opción, a naciones como Francia e Italia no les fue muy bien). Si cuesta acceder, es difícil que el sistema tenga éxito”, subrayó el ejecutivo.

- ¿Cómo cree que están evolucionando las legislaciones de la región?

- En principio hay dos elementos básicos para poder implementar este tipo de sistemas. En primer lugar, hay que definir a qué se refiere una Ley cuando habla de documento y original electrónico. Este concepto es independiente de las normativas específicas, como las de comercio, aduana, etc. Lo que más confusión lleva en la puesta en funcionamiento de la firma digital es definir el objeto.

En segundo lugar, hay que conocer de qué forma se lo incluirá dentro de las leyes. Es muy necesario darle la misma importancia que a la firma manuscrita, aplicándose a todas las leyes que haga falta. Lo que pueden hacer los gobiernos es modificar Ley por Ley, o bien, establecer una nueva que diga que todo lo existente hasta el momento en el rubro pueda aceptar también firma electrónica. Esto es algo que falta hacer en Argentina.

- ¿Cuáles son las principales diferencias en la implementación, en comparación con Europa?

- En primer lugar, Latinoamérica comenzó mucho más tarde a incorporar este sistema. Sin embargo, la evolución es bastante similar. Primero se habló de firma electrónica como la solución de todo, pero no se tuvieron en cuenta las repercusiones de darle a una población todos esos certificados, el tiempo que lleva administrarlos, el costo, ni las dificultades de los soportes. En este sentido, existe una curva de adopción que es bastante lenta al principio y luego va tomando velocidad.

“Europa tuvo un acuerdo común en base a cómo usar esta tecnología, de manera que pudo conformar un marco único para utilizar la firma electrónica en todo su territorio. Este modelo permitió la interoperabilidad de los países de la región, y consolidó un mercado abierto, que no requiere de autorización previa, a diferencia de Argentina, en donde existen dos entidades encargadas de dar permiso a la emisión de certificados legales”, concluyó Lomascolo.

Más información: www.ipsca.com.