Falta poco para que se cumpla el plazo para licitar el Sistema María

La actualización del Sistema María, que controla y procesa todas las operaciones de comercio exterior, estaría por entrar en una etapa de definición. Sucede que el pliego para la licitación internacional para su reingeniería ya está listo, y aguarda la revisión final y visto bueno de los técnicos de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Esta historia comenzó a fines de enero del año pasado, cuando el por entonces titular de la Aduana, Ricardo Echegaray (hoy en la AFIP), anunció que estaba buscando reemplazar a la red informática implementada en 1993 por el ex presidente Carlos Menem.

Según el ex funcionario, el costo del nuevo sistema oscilaría los 90 millones de dólares, y los modelos que actualmente están siendo implementados en Japón, Nueva Zelanda e Irlanda, serían los más atractivos para traer a Argentina. Si se cumple con los plazos previstos, antes del 31 de diciembre debería llamarse a licitación, informó La Nación.

El Sistema María es extremadamente complejo: conecta a las 57 aduanas de todo el país y 3.687 lugares operativos con presencia aduanera como pasos fronterizos, puentes internacionales, puertos y depósitos fiscales y zonas francas. Según el diario Clarín, en 2007 procesó alrededor de 3.350.000 declaraciones, por un monto cercano a los 100.000 millones de dólares.

Este software, de origen francés, no fue diseñado para detectar operaciones fraudulentas, por lo que numerosos parches fueron agregados a la aplicación durante todo este tiempo. Su reemplazo supondría un control más fuerte sobre las mercaderías que ingresan y salen del país, a modo de herramienta frente al contrabando.

La universidad dijo presente

El año pasado, Canal AR publicó un artículo que se hizo eco de las declaraciones de Guillermo Oliveto, presidente del Comité Ejecutivo de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Facultad Regional Buenos Aires (FRBA), al programa radial Buenos Aires Tecnológica, emitido por FM Flores. Durante la entrevista que le hicieron, el académico aseguró que la institución educativa estaba en condiciones de diseñar el software que sustituirá al sistema.

A su entender, había cuatro razones por las cuales la FRBA debería realizar la aplicación: “Porque le aporta la transparencia de una universidad pública que no tiene fines de lucro y que su único fin es la educación y la transferencia a la comunidad; el costo sería mucho menor que el de mercado; posee la experiencia necesaria en desarrollos de software a terceros -públicos y privados- y, por último, porque genera experiencia en estudiantes, graduados y en docentes que luego se transfieren a las aulas”.

“Seguramente, podríamos realizar este desarrollo a mucho menor costo y el Estado nacional se estaría evitando el proceso licitatorio, dada la existencia del decreto PEN Nº 204/04 que declara que las Universidades Nacionales son consultoras privilegiadas del Estado".