La Universidad Pública Argentina ha sido por años uno de los orgullos de nuestro sistema productivo. La visión preclara de Sarmiento y la evolución posterior de la idea de contar con un sistema educativo que actúe como un promotor del cambio social. La idea de lograr el ascenso social a partir de la generación de conocimientos y la capacitación fue verdaderamente un tremendo impulsor de la sociedad y de su economía.

Indudablemente, los beneficios del modelo derramaron sus ventajas sobre las empresas y en general sobre el aparato productivo del país. Más y mejores profesionales hicieron más y mejores empresas, gente más capacitada generó altos liderazgos y superiores administradores de la cosa pública y de la cosa privada. No solo la Argentina sino también el mundo disfrutaron de los beneficios de la educación nacional.

¿La universidad de estos días mantiene la ecuación o la ha invertido?, ¿es impulsora del cambio social?, ¿logra el ascenso social de las clases bajas?, ¿genera una dirigencia de excelencia?, ¿derrama excelencia hacia la comunidad que la sostiene?

Cada vez que una persona de escasos recursos compra un litro de leche, está pagando un impuesto para sostener las universidades públicas en donde no estudian sus hijos, sino los hijos de la clase media y de la clase alta. Pocas personas de bajos recursos parecen beneficiarse de un sistema universitario regresivo. Basta con participar de las discusiones en los consejos directivos de las facultades de las universidades nacionales para entender que la forma y los temas que se discuten no son precisamente edificantes.

La ecuación no es menos infausta en la relación de las universidades con las empresas: éstas pagan sus impuestos para sostener un sistema educativo que muchas veces no le devuelve profesionales con el nivel de capacitación suficiente ni específico. En el caso argentino, muchas veces ni siquiera investigaciones que permitan mejorar la productividad.

¿Cuál debería ser la relación de las universidades con las empresas? ¿Deben estas estar al servicio de aquellas? Definitivamente la respuesta es no, pero tampoco son las universidades quienes deben estar al servicio de las empresas o del aparato productivo. En todo caso, las universidades se deben a la comunidad que solventa sus gastos. La “productividad” universitaria debe encaminarse en ese sentido.

Martín Carranza Torres es abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), especializado en Propiedad Intelectual y en Derecho de la Alta Tecnología. Es asesor de las principales empresas de alta tecnología locales y extranjeras y de las principales cámaras del sector como ALETI, CESSI y Córdoba Cluster Technology, y fue presidente de Software Legal durante cinco años.

Es pública y notoria la intención de disminuir los beneficios de la Ley de Promoción del Software para solventar los supuestos gastos de auditorías del mismo régimen. De acuerdo a esto, las empresas deben ceder el 7% del monto de beneficio para dárselo a una universidad a los fines de que realice las correspondientes auditorías.

Voy a evitar la tentación de hacer frases grandilocuentes al respecto, a los fines de centrarme en un par de puntos que me resultan importantes:

1) No es el carácter de estatal o privada el que hace que una universidad sea mejor que otra, sino el carácter de mejor.
2) La excesiva politización de la universidad pública atenta contra la confiabilidad necesaria, incluso en materia científica.
3) Hay casos visibles de competencia desleal de algunos departamentos de algunas facultades con las empresas comerciales.
4) Politización y competencia desleal desnaturalizan la función de la universidad (que es la docencia, la investigación y la extensión).
5) La mencionada desnaturalización implica una afrenta institucional a la comunidad que la sostiene económicamente.

Un empleado “ñoqui” en un organismo público tiene una ventaja sobre el estudiante crónico de una universidad pública: se puede cambiar de posición; sin embargo ambos son exactamente iguales en cuanto a la pésima asignación de recursos que implica mantenerlos. Ambos son parásitos sociales que viven de los fondos obtenidos por el Estado en el ejercicio del monopolio de la fuerza sin dar nada a cambio.

Anhelamos una universidad pública que sirva a la comunidad, buscando la excelencia, generando profesionales capaces y aptos para mejorar la competitividad de las empresas de su medio, que genere los mejores dirigentes para un país que los necesita.

Abogamos, desde esta modesta columna, por una que capacite para el esfuerzo y para la satisfacción del mercado, que no es otra cosa que la suma de la gente que les paga. Deseamos fervientemente una que en lugar de erigirse en un competidor desleal de la empresa sea su colaborador, con independencia y con excelencia.

¿Qué relación quieren tener las universidades con la comunidad? Pueden aprovechar para competir con quienes les pagan o pueden empezar a cumplir con ellos.

Más información: www.carranzatorres.com.ar.