¿Quién le robó a la Anses datos de 12 millones de personas?

Un dato es cualquier situación, hecho, característica referida a una persona u objeto que puede captarse en la vida cotidiana. Un dato se transforma en información cuando tiene algún sentido o valor para alguien y permite tomar alguna decisión.

Un empleado de comercio, a cargo de tres hijos propios y dos de su actual mujer necesita mudarse a un departamento más grande y es por eso que solicita un crédito bancario de $30.000 que luego de varios meses de trámite es denegado. ¿Los motivos? Según una nota publicada por el diario La Nación, la entidad se basó en información confidencial que salió ilegalmente de los archivos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hacia una empresa privada denominada P&P que se dedica a la evaluación del riesgo crediticio: una base de datos con información sobre 12 millones de personas afiliadas a obras sociales y beneficiarios de planes para desocupados con datos básicos como nombre, número de documento, domicilio y otros que servirían para establecer un perfil socioeconómico.

Desde noviembre de 2000 rige en el país la ley 25.326, que permite a los ciudadanos decidir qué datos desea proporcionar a terceros, sea el Estado o una empresa privada, y qué datos pueden tener estos terceros sobre nosotros, permitiendo saber quién y para qué tienen nuestros datos personales, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Además, la legislación ha creado un organismo de control dedicado a ocuparse de este tema: la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Su director, Juan Antonio Travieso, en diálogo con Canal AR, señaló: “Toda información confidencial es privada, la información relacionada con sueldos e ingresos entran dentro del ámbito de la privacidad, por ende no tienen por qué ser conocidas públicamente”.

P&P es una de las 900 empresas inscriptas en el registro nacional de bases de datos. En su página de Internet (ver aquí)se promociona como la poseedora de "la mayor base de datos de la República Argentina", integrada por más de 30 millones de personas físicas y jurídicas.

Los sospechosos por el tráfico ilegal de información son tres: el ex gerente de Control del organismo, Manuel Prieto; el actual gerente de Control Prestacional, Gustavo Xamena, y el empresario cordobés Diego Pizarro, dueño de P&P, que fueron citados a declara por el juez federal Julián Ercolini acusados de vender los datos al empresario cordobés, luego de más de un año de investigación y de un allanamiento en la sede central de la Anses a partir de una denuncia anónima que habría llegado a manos de Sergio Massa, titular de la entidad pública.

Prieto y Xamena deberán responder por la posible violación del artículo 157 del Código Penal, que establece penas de hasta dos años de cárcel "para el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos".

Cuando la investigación llegó a la Justicia se confirmó que el autor de la denuncia anónima era Lautaro Palamideci, un empleado de la Gerencia de Seguridad Informática. Ante la Justicia, Palamideci declaró que les había llamado mucho la atención que, pese a la insistencia por conseguir la base de datos, Prieto no hubiera dado ninguna instrucción precisa sobre qué hacer con ella.

Por último, Travieso respondió a las preguntas de este medio:

- ¿Qué se ha hecho concretamente desde la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales?

- Hemos realizado un trabajo muy intenso en relación a este tema, de hecho hemos llevado a cabo una actividad conjunta con Anses y hemos abierto un sumario en el que vamos acumulando las diferentes actuaciones que tienen que ver con este hecho. Ya hemos tenido reuniones anteriores y estamos planificando cursos con abogados para tratar estos temas en conjunto y para lograr la difusión de la protección de datos.

- ¿Cómo seguirá este tema?

- Hemos puesto a disposición del fiscal que está cargo de la investigación toda la información con la que nosotros contamos y seguiremos apoyando la investigación muy de cerca. Por lo pronto, todo está en manos de la justicia, vamos a acompañar el proceso y de producirse un nuevo ilícito, vamos a poner a disposición todos los recursos con los que cuenta esta Dirección para que no sigan ocurriendo este tipo de actos.