En 1994, la Organización Mundial del Comercio (OMC) incorporó en sus estatutos todo lo vinculado con los derechos de propiedad intelectual, como la producción, creación y distribución de bienes culturales. Fue una manera de extender el sistema de patentes dominado por los países productores de tecnología en detrimento de los países en desarrollo. Este esquema benefició a los intermediarios de la cultura, como las discográficas, los editores o grandes estudios de cine. Pero la irrupción de Internet puso en crisis este modelo, donde no se ve afectada la creación, sino la intermediación.

El concepto de propiedad intelectual es discutido en todo el mundo. El Congreso de los Estados Unidos continúa en su afán de sancionar a los que violen los derechos de propiedad. En España ya se aplica la denominada Ley Sinde, mientras que el Parlamento Europeo acaba de rechazar una ley antipiratería (ver más). Es decir, este es un tema en plena ebullición, que tiene un trasfondo político, económico y cultural.

La Argentina también está en pleno debate. Uno de los casos emblemáticos es el que gira entorno a Taringa, un sitio que cuenta con 20.000 usuarios registrados y más de 6 millones de visitas. Sus fundadores -Matías y Hernán Botbol- fueron procesados por la

Software Libre El Estado argentino atraviesa una situación de dualidad en cuanto al desarrollo del software libre. Por un lado mantiene diversos acuerdos con empresas que defienden un modelo privativo en cuanto al desarrollo del software, tal es el caso de Microsoft. Pero por otro lado, en distintas instancias del Estado hay iniciativas para potenciar el software libre. "El desarrollo e implementación del software libre es una política de Estado, ya que se trata de un sector que atraviesa la cadena productiva a lo largo y a lo ancho del país", sostuvo la ministra de Industria, Débora Giorgi, durante el lanzamiento del Programa Capital Semilla. "Preservar la soberanía digital es un pilar fundamental de este Gobierno", agregó la funcionaria.

justicia. Están acusados de violar la Ley 11.723 (Propiedad Intelectual). Durante una charla en la Universidad de Buenos Aires (Facultad de Ciencias de la Comunicación), los fundadores de Taringa afirmaron que hoy por hoy, la "web tiene vida propia" (ver más). Lejos de ser un concepto "anárquico", éste es un punto de partida para pensar que la irrupción de esta tecnología cambió las reglas de juego para el intercambio de bienes culturales. La web desafía a pensar nuevos paradigmas culturales y económicos.

En el Congreso de la Nación se presentó un proyecto para cambiar la actual ley de propiedad de intelectual. Su autor es Julio Raffo pero la iniciativa fue presentada formalmente por Fernando "Pino" Solanas (ambos de Proyecto Sur). El proyecto propone que "el acceso a las obras comprendidas por la ley 11.723, o su uso mediante Internet, realizado en forma individual o en la intimidad (del hogar, la universidad o una biblioteca) con la finalidad de instruirse, educarse, informarse, entretenerse, o emocionarse, con la exclusión de su uso comercial, debería constituir un ejercicio del derecho de acceder a la cultura, que en ningún caso podría configurar un acto ilícito" (ver texto completo).

"Internet no pone en crisis la creación, como vaticinan desde las grandes discográficas, sino la intermediación", indicó Raffo durante un seminario que se realizó en la Cámara de Diputados. De ahí el fuerte lobby de las discográficas y otras corporaciones para seguir manejando el mercado, vía la ley de propiedad intelectual.

Pero algunos datos resultan más que elocuentes. Según el último informe del Observatorio de Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2003 y 2007, la industria tuvo una fuerte expansión. En 2008 el sector sufrió su primera caída en cinco años. Este hecho, más que por la irrupción de las nuevas tecnologías (muchos le atribuyen las pérdidas a la piratería), obedeció a los vaivenes de

Contra la ley antipiratería El Parlamento Europeo logró rechazar una iniciativa que pretendía aplicar ciertas normas internacionales contra la piratería en todo el territorio europeo. Las autoridades de la UE, junto a los Estados miembros negociaron el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA, en sus siglas en inglés) con Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur y Suiza. Pero luego de la presión de los cibernáutas que consideraron la normativa como un "limitante de la libertad en Internet", el PE logró revertir la situación. Esta fue la primera vez que la Eurocámara pudo hacer uso de los poderes políticos que le otorga el Tratado de Lisboa para rechazar una normativa internacional. Si bien este fue un rechazo a nivel supranacional, cada una de las naciones pueden proponer sus propias legislaciones. Tal es el caso de España, donde ya se está aplicando la Ley Sinde, también rechazada por los movimiento de software libre y cibernáutas que defienden la libertad que otorga Internet para distribuir contenidos.

la economía. Luego de la crisis económica internacional, que estalló en 2009, comenzó a darse un desplazamiento desde la música en formato material hacia el ámbito digital.

"Los canales digitales representaron el 29 por ciento de los ingresos de la industria musical a nivel mundial, porcentaje superior al de 2009, que fue del 25 por ciento. Se estima que los ingresos por la venta de música en formato digital aumentaron un 6 por ciento en todo el mundo, alcanzando un total de 4.600 millones de dólares, lo que representa un incremento del 9,5 por ciento en relación con los 4.200 millones de 2009", indicó el informe del Observatorio.

Este tema encierra otra paradoja: por un lado están los que comprenden a la propiedad intelectual como parte de un debate cultural, mientras que otros sectores sólo ven el tema desde el punto de vista punitivo. "La facilidad de violentar los derechos intelectuales en el medio digital y la sencillez instrumentada legalmente por algunas naciones para permitir la exención de responsabilidad de los ISP por estos hechos, posicionan a las víctimas de las infracciones en una situación de evidente desventaja al momento de proteger sus derechos. Derechos que, como ya se dijo, se encuentran reconocidos internacionalmente", sostuvo Mónica Mariel Alcoba, abogada de Carranza Torres & Asociados (ver más).

El enfoque cultural, también incluye la perspectiva política y económica. En los términos en como lo plantea Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, es una puja por la "geopolítica del conocimiento, donde unos pocos pretenden monopolizar el conocimiento y donde la ley parece hecha para mantener esa brecha lo más profunda posible".

"Ante la mayor posibilidad de accesos a la cultura, a partir de una multiplicación de formatos, se incrementan las regulaciones restrictivas de la circulación de los bienes culturales. Pero la industria de la música no ha parado de ganar, incluso se ve potenciada por Internet. En realidad, la disputa es por quién captura los márgenes excedentes de la industria", afirmó Martín Becerra, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la UBA (ver más).