La soberanía digital ha emergido como uno de los grandes temas del siglo XXI. No se trata solo de una cuestión técnica o de infraestructura, sino de un verdadero imperativo político, económico y cultural. En un mundo cada vez más interconectado —y al mismo tiempo más vigilado— los datos, las plataformas y las redes se han convertido en los nuevos territorios donde se libra la disputa por el poder. América Latina, como región históricamente dependiente de tecnologías y normas externas, enfrenta el desafío de definir su lugar en este escenario.

En su origen, internet fue concebida como una red universal, abierta y global, libre de fronteras políticas y económicas. Visionarios como Tim Berners-Lee imaginaron una red que promoviera la cooperación y la innovación colectiva. Sin embargo, con el tiempo, esta utopía comenzó a diluirse. La vigilancia masiva, las tensiones geopolíticas y la concentración del poder en un puñado de corporaciones —Google, Meta, Amazon, Microsoft— han transformado la red global en un sistema donde los flujos de información, y por ende de poder, están cada vez más controlados y concentrados. La emergencia de la IAGen por su parte renueva algunas promesas incumplidas de internet, pero también puede acelerar los riesgos descritos. Los algoritmos intermedian todas nuestras interacciones digitales como aquella fogata en la caverna de Platón.

La soberanía digital puede definirse como la capacidad de un Estado, organización o individuo para ejercer control autónomo sobre sus datos, infraestructuras tecnológicas y procesos digitales. En otras palabras, implica tener la potestad de decidir dónde y cómo se almacenan los datos, quién los procesa, bajo qué leyes y con qué propósito. Es una respuesta directa a la globalización tecnológica y a la concentración del poder digital en pocas manos. Como señalé en presentaciones recientes, ningún análisis de la tecnología puede prescindir de su dimensión geopolítica, del mismo modo que ningún análisis geopolítico puede ignorar la influencia de las TIC en un mundo hiperinterconectado.

En las últimas dos décadas, distintos países y regiones han intentado abordar el dilema. La Unión Europea tomó la delantera con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que no solo protege la privacidad de sus ciudadanos, sino que también exporta sus normas al resto del mundo. China, por su parte, erigió una infraestructura digital cerrada, controlada por el Estado, que asegura un alto grado de independencia, aunque a costa de la libertad de expresión. Rusia desarrolló su "internet soberana" (Runet), capaz de operar desconectada del resto del mundo, e India exige la localización de los datos de sus ciudadanos en servidores locales. Son modelos distintos, pero todos reflejan la misma preocupación: recuperar el control sobre la información como recurso estratégico.

América Latina, en cambio, avanza de manera más fragmentaria. La región comparte una serie de limitaciones estructurales: dependencia de infraestructura extranjera, escasa inversión en I+D, brecha digital persistente y falta de coordinación política regional. Según la CEPAL, el 34% de los latinoamericanos aún no tiene acceso a internet, lo que convierte en un privilegio lo que debería ser un derecho básico. A esto se suma que la mayoría de los servidores, cables submarinos y servicios en la nube son controlados por empresas de Estados Unidos o China. En este contexto, hablar de soberanía digital sin capacidad tecnológica propia es, en muchos casos, más una aspiración que una realidad.

Algunos países, sin embargo, han comenzado a dar pasos concretos. Brasil aprobó su Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), inspirada en el GDPR, y promovió la construcción del cable EllaLink entre América Latina y Europa, evitando rutas que pasen por Estados Unidos. Argentina ha impulsado la creación de una "nube soberana" para alojar datos públicos en servidores locales. México cuenta con una ley de protección de datos desde 2010, aunque sigue dependiendo de proveedores estadounidenses. Estas políticas son importantes, pero aún insuficientes: la falta de recursos y coordinación regional limita su impacto.

Tensión, equilibrio y gobernanza

La tensión entre soberanía digital y globalización es evidente. Por un lado, los Estados buscan proteger su autonomía y la privacidad de sus ciudadanos; por otro, la economía digital se basa precisamente en la interconexión global. El riesgo es caer en la fragmentación o "splinternet", donde cada país crea su propio ecosistema aislado, con estándares y censuras propias. Pero también existe el riesgo inverso: el de quedar atrapados en una nueva forma de feudalismo digital, donde las grandes plataformas actúan como señores que controlan los datos y las normas, como advierte Yanis Varoufakis.

La clave, entonces, está en encontrar un equilibrio. La soberanía digital no debe ser un sinónimo de censura ni de aislamiento, sino una herramienta de autonomía y desarrollo. Como plantea Mariana Mazzucato, no es una cuestión técnica sino política: los Estados deben ser capaces de proteger los intereses de sus ciudadanos y fomentar la innovación local. Y como advierte Shoshana Zuboff, el desafío es construir un modelo que proteja los datos sin convertir la vigilancia estatal en una nueva amenaza a la libertad individual.

Existen caminos alternativos para América Latina. Uno es apostar por un modelo de gobernanza digital regional, inspirado en la experiencia europea, que permita negociar colectivamente con las grandes corporaciones tecnológicas. Otro es fortalecer la infraestructura local y las redes académicas para reducir la dependencia externa. También resulta fundamental promover el uso de software de código abierto y fomentar ecosistemas de innovación basados en la colaboración y la transparencia. El código abierto no solo reduce costos y dependencia, sino que construye capacidades locales y fomenta una soberanía tecnológica inclusiva. Sin menoscabar la neutralidad tecnológica y diversas opciones para el ciudadano.

Asimismo, las tecnologías descentralizadas como blockchain o las redes federadas del Fediverse ofrecen alternativas para recuperar el control sobre los datos sin caer en el aislamiento. Aunque su adopción es aún incipiente, muestran un camino posible hacia un internet más distribuido y democrático. En este contexto, las políticas públicas deben acompañar con educación digital, incentivos a la innovación y marcos regulatorios que equilibren libertad, seguridad y cooperación.

PoliTICs

El desafío latinoamericano no es solo tecnológico, sino profundamente político. La región necesita una visión compartida que supere las diferencias ideológicas y avance hacia una integración digital real. Sin cooperación regional, cada país enfrenta solo a los gigantes tecnológicos, con escaso poder de negociación. En cambio, con estrategias conjuntas de ciberseguridad, regulación y desarrollo de infraestructura, podría construir un espacio digital soberano y competitivo.

La soberanía digital no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar derechos, promover la innovación y proteger la autonomía de las naciones y sus ciudadanos. El sueño de una red universal no ha muerto, pero hoy está en jaque. La globalización digital persiste, pero bajo un nuevo orden, más regulado y fragmentado. América Latina puede y debe ser protagonista en este proceso: no desde la dependencia ni desde el aislamiento, sino desde la cooperación, la creatividad y la inclusión.

Como dije en mi presentación GeopoliTICs (2025), ningún análisis de tendencias tecnológicas puede desligarse de su contexto político y geoestratégico. En esa línea, retomo las palabras de Tim Berners-Lee: "Necesitamos un internet que sea global, pero que respete los derechos de los usuarios y fomente la innovación local sin caer en la fragmentación o el control estatal."
Esa es la hoja de ruta para América Latina: construir una soberanía digital inteligente, cooperativa y abierta, capaz de garantizar libertad y desarrollo en la era de los datos.

(*) Alejandro Prince: Director de Prince Consulting. @alxprince